Por Fany Santiago
Hablar de seguridad en México exige algo más que repetir cifras, señalar culpables o alimentar el miedo. Exige reconocer una realidad que durante años ha lastimado a millones de familias: la seguridad sigue siendo una de las grandes deudas del Estado mexicano.
No hay discurso que pueda borrar a las víctimas, comunidades enteras que todavía viven bajo el temor de la violencia ni regiones donde recuperar la tranquilidad continúa siendo una tarea pendiente.
Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario: afirmar que nada está cambiando.
Porque mientras una parte de la discusión pública continúa concentrándose en la percepción, existe otra realidad que también merece ser observada: las instituciones están golpeando estructuras criminales, se han concretado detenciones relevantes y existe una estrategia nacional que apuesta por inteligencia, coordinación y persecución de quienes generan violencia.
Y esa estrategia tiene un origen político claro: la propuesta de seguridad de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Desde el inicio de su gobierno, la presidenta planteó una política de seguridad sustentada en la atención a las causas, la inteligencia, la investigación, la coordinación institucional y el fortalecimiento de las capacidades del Estado para combatir a quienes generan violencia.
En esa tarea, Omar García Harfuch tiene una responsabilidad central.
Su papel al frente de la estrategia federal ha colocado nuevamente sobre la mesa una premisa fundamental: combatir al crimen organizado no significa solamente reaccionar ante los delitos que ya ocurrieron; significa investigar, anticiparse, identificar estructuras, seguir rutas financieras, detener objetivos prioritarios y desarticular organizaciones completas.
Esa diferencia es sustancial.
Porque durante mucho tiempo hablamos de seguridad desde la lógica de la reacción. Hoy se busca fortalecer una visión basada en inteligencia, investigación y coordinación entre instituciones.
Y los resultados comienzan a ofrecer señales que vale la pena analizar.
La reciente agenda internacional del secretario —incluida su visita a Argentina— también debe entenderse desde esa perspectiva. El crimen organizado no conoce fronteras y, por lo tanto, la cooperación tampoco puede conocerlas.
Intercambiar información, fortalecer mecanismos de inteligencia y construir alianzas internacionales forma parte de una batalla que dejó de ser exclusivamente nacional desde hace mucho tiempo.
Pero sería un error convertir una visita, una detención o un operativo en la solución definitiva.
La seguridad no se recupera de un día para otro.
Se construye todos los días.
Y ahí está precisamente la parte que debemos exigir: que los golpes contra las organizaciones criminales se traduzcan en territorios más seguros; que las detenciones deriven en procesos judiciales sólidos; que la inteligencia permita prevenir nuevos hechos de violencia y que la coordinación entre Federación, estados y municipios tenga continuidad.
Porque una detención es importante.
Pero desarticular una estructura criminal es todavía más importante.
Y recuperar una comunidad es el verdadero objetivo.
Los datos oficiales recientes muestran señales favorables en distintos indicadores delictivos y una actividad creciente de las instituciones federales contra organizaciones criminales. No significa que el problema esté resuelto.
Significa algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más importante:
hay avances que deben reconocerse.
Reconocerlos no significa cerrar los ojos ante lo que falta.
Al contrario.
Significa tener la suficiente seriedad para entender que una política pública puede mostrar resultados y, al mismo tiempo, mantener enormes áreas de oportunidad.
México todavía enfrenta una realidad compleja: homicidios, extorsión, desapariciones, robo, violencia regional y la presencia de organizaciones criminales que durante años han construido verdaderos poderes paralelos.
Por eso la exigencia debe ser doble:
que se mantenga el ritmo de combate al crimen y que los resultados sean sostenibles.
No basta con capturar a un líder criminal si la organización vuelve a reconstruirse. No basta con decomisar droga si las redes financieras permanecen intactas. No basta con reducir un indicador durante algunos meses si la ciudadanía continúa sintiéndose insegura.
La seguridad se mide también en algo que ninguna estadística puede sustituir: la posibilidad de que una madre deje salir a sus hijos sin miedo, de que un comerciante abra su negocio sin pagar extorsión y de que una familia pueda regresar a casa sin preguntarse si llegará completa.
Ahí está el verdadero reto.
Por eso resulta importante reconocer que la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ejecutada, en buena medida, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo la conducción de Omar García Harfuch está dando señales de una nueva etapa en el combate al crimen organizado.
Pero también debemos exigir que esa estrategia tenga continuidad, coordinación territorial y resultados que lleguen a la vida cotidiana de las personas.
Porque en materia de seguridad no hay espacio para triunfalismos.
Pero tampoco debería haber espacio para negar los avances.
México necesita una discusión mucho más seria: menos propaganda, menos catastrofismo y más resultados medibles.
La ciudadanía tiene derecho a exigir seguridad y el Gobierno tiene la obligación de entregarla.
La deuda sigue siendo grande. La batalla continúa. Y nadie debería pretender que unos cuantos meses o unas cuantas detenciones pueden resolver décadas de problemas.
Pero cuando las instituciones recuperan capacidad de investigación, cuando las organizaciones criminales pierden integrantes y recursos, cuando se concretan detenciones de objetivos prioritarios y cuando algunos indicadores comienzan a mostrar una tendencia favorable, hay una señal que no debemos ignorar.
Hay una luz en el camino.
Todavía es pequeña.
Todavía necesita crecer.
Y habrá que cuidarla con inteligencia, coordinación, instituciones fuertes y una política de seguridad que no dependa de coyunturas, sino de resultados sostenidos.
Porque la seguridad no se gana con discursos.
Se construye con estrategia. Se defiende con instituciones. Y se acredita con resultados.
Y hoy, en medio de una deuda histórica que todavía estamos obligados a saldar, reconocer que hay avances no significa conformarnos.
Significa entender que la estrategia planteada por la primera mujer presidenta de México está comenzando a mostrar resultados que merecen ser observados con seriedad.
Porque reconocer los avances no es renunciar a exigir más. Es reconocer que, en la batalla por recuperar la seguridad, también tenemos razones para mirar hacia adelante.
