Por: Staff
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que todo interno en una cárcel federal que haya sido torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, será liberado antes del 15 de septiembre del 2021.
“No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado, nadie, entonces estás acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va elaborar la Secretaría de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicar”, dijo en conferencia matutina.
López Obrador recordó que en las cárceles federales hay muchos reclusos sin sentencia por delitos tanto del fuero federal como del fuero común.
“Miren, del fuero común, sin sentencia, 82 mil 189, y del fuero federal 12 mil 358. La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales debe ser rápida, expedita, cómo va estar una persona detenida por más de 10 años, sin sentencia. Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los Poderes Judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación”, dijo.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se refirió al caso de Israel Vallarta, quien está detenido desde 2005, acusado de liderar la banda de secuestradores de Los Zodiaco y quien dijo, “no ha aceptado las estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos”.
Afirmó que el pasado 19 de julio, la defensa de Israel Vallarta presentó nuevas pruebas documentales, lo que podría alargar el proceso, ya que el juez no podría dictar sentencia hasta que estas sean desahogadas.
Al respecto, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, resaltó que Israel Vallarta tiene 16 años sin recibir una sentencia, pese a que la Constitución dice que el plazo es de 2 años.
Además, recordó que existe una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establece violaciones al debido proceso y la comisión de tortura durante su detención “lo que debe ser tomado en cuenta por el juez que está analizando su situación jurídica e invalidar las pruebas obtenidas posterior a su detención en esta causa”.
