Por: Leo González
“Ahora tienes que vender estos cigarros”.
La frase parece una instrucción comercial, pero en varias regiones de Michoacán se ha convertido en una amenaza. La delincuencia organizada encontró en las pequeñas tiendas de abarrotes una nueva forma de imponer su voluntad: obligar a los tenderos a vender cigarros pirata, fijarles una cantidad y cobrarles aunque no logren colocarla.
Cada cigarro puede venderse hasta en 10 pesos. La ganancia, sin embargo, no necesariamente termina en el bolsillo del comerciante. El verdadero beneficiario sería el crimen organizado.
Y aquí aparece lo más grave: no se trata únicamente de una nueva modalidad de extorsión. También representa un problema de salud pública.
La venta de cigarros de procedencia ilegal ha aumentado en distintas regiones de Michoacán. Se comercializan en cajetillas o por unidad y, pese a los decomisos, el producto sigue llegando a los pequeños establecimientos.
Tan solo la semana pasada, autoridades federales aseguraron más de dos millones de cigarros que pretendían ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de Tailandia.
El negocio ilícito parece tener mercado. Y la delincuencia ya encontró quién puede convertirse, a la fuerza, en su vendedor.
No es la primera vez.
Durante años, las máquinas tragamonedas fueron utilizadas como una vía para imponer cuotas a comerciantes. El consumo de electricidad se convertía prácticamente en el “pago” por permitirles tenerlas en sus establecimientos. Incluso, algunos aparatos llevaban identificadas las iniciales del grupo criminal que los controlaba.
Ahora, el mecanismo parece evolucionar.
Llegan las cajetillas. Se establece una cantidad que debe venderse durante la semana. Si el tendero no alcanza la meta, paga de todos modos.
No hay negociación. No hay opción.
Vender o pagar.
Y si se niegan, vienen las amenazas: cerrar el negocio, sufrir represalias o simplemente dejar de abrir.
La lógica criminal es brutalmente sencilla: convertir al comerciante en distribuidor y al consumidor en cliente cautivo.
En un país donde millones de personas consumen tabaco, la delincuencia encontró un mercado enorme. Pero esta vez no solamente está cobrando derecho de piso: está intentando controlar qué producto se vende dentro de las tiendas y cuánto se vende.
El pequeño tendero vuelve a quedar en medio.
Paga por trabajar, vende para sobrevivir y, ahora, puede terminar vendiendo mercancía que ni siquiera eligió comprar.
La extorsión cambia de rostro, pero conserva la misma esencia: el miedo.
Y mientras el crimen organizado convierte una tienda de abarrotes en otro eslabón de su cadena de negocios, el Estado enfrenta una pregunta que ya no puede ignorar:
¿Cuántos comerciantes más tendrán que vender para el crimen antes de que alguien logre detener esta nueva forma de extorsión?
