Por: Brandon Cruz Vilchiz
Hace apenas unas semanas, el 30 de agosto, conmemorábamos el Día Internacional de las Victimas de la Desaparición Forzada, y en este mes de septiembre recordamos uno de los acontecimientos que más ha conmocionado a la sociedad mexicana, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hecho que puso al descubierto lo que era un secreto a voces, la dura crisis de desaparecidos por la que atraviesa nuestro país.
Para asimilar la magnitud de tal situación, es necesario entender que la desaparición forzada es una severa y compleja forma de violación a los derechos humanos, y que durante décadas ha sido catalogada como una técnica de terror; basta recordar las desapariciones forzadas en México, empleadas desde la doctrina de seguridad nacional en la llamada “Guerra Sucia”, capitulo por el cual hace unos días el Gobierno de México, pidió de manera pública una disculpa a Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su esposo e hijo, fueron víctimas de tal atrocidad.
A lo largo de los últimos treinta años, gran parte de los países de América Latina han pugnado por el desarrollo del tema en el derecho internacional, lo cual fue fundamental para que la Organización de las Naciones Unidad, emitiera en 1992 la Declaración de sobre la Protección de Todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en 1994 y la Convención Internacional para la Protección de Todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2006; nuestro país ha ratificado todos estos ordenamientos y se les ha asignado un rango jerárquico especial, sin embargo, de acuerdo al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, “la ratificación sin plena implementación no es suficiente”.
Tocante a los aludidos estudiantes, el panorama parece desalentador para los familiares de la víctimas, con todo y la creación de una fiscalía especial para la investigación, pues más de la mitad de los acusados han sido puestos en libertad, mismos que fueron detenidos por hechos relacionados con la “verdad histórica”, aquella línea de investigación que impulsó la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para dar carpetazo al asunto, afirmando que los 43 jóvenes estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, versión que fue desmentida por el Grupo de Argentinos Expertos en Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo que desembocó en una serie de modificaciones a la Ley General de Victimas, en específico sobre la intervención de peritaje internacional en la materia, tema que sin duda es motivo de un análisis posterior.
Hoy en día podemos hablar de que existe una línea legislativa sobre el delito en comento, lo cual se ve reflejado en la reciente promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional De Búsqueda de Personas, con lo que se reconoce la crisis señalada con antelación, sin embargo, aún falta mucho para que en México se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas, toda vez que el Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU ha señalado, en reciente fecha, que existe una clara falta de información estadística que permita conocer un número aproximado de personas desaparecidas, lo que dificulta e incluso impide una verdadera adopción e implementación de políticas que permitan combatir este mal de manera efectiva.
Las desapariciones siguen siendo una deuda en nuestro país, aun nos faltan miles más.
