Diez consideraciones y una conclusión sobre la federalización de la nómina educativa

Por: Dr. Rafael García Tinajero

Durante la visita que efectuó a Michoacán durante pasado fin de semana el Presidente de la República, Andres Manuel López Obrador y que tuvo por objeto visitar hospitales del sistema IMSS-BIENESTAR, se tocaron temas de salud destacando el de la transferencia a la Federación de la atención para los no afiliados a la seguridad social. Además se hizo nuevamente mención de la federalización de la nómina educativa, a lo que el Presidente dio, desde mi particular percepción, una respuesta evasiva.

Sobre éste último tema deseo plantear diez puntos para tener en cuenta y expresar una conclusión.

Cinco de cada diez pesos que la federación destina a educación son transferidos cada año a las finanzas de 31 entidades federativas, esto es así desde 1998 cuando se incorporan al PEF los Fondos de Aportaciones Federales o Ramo 33.

A partir de la Reforma Educativa de 2013 y de la Fiscal de 2014, dos de los ocho fondos que componen el ramo y que apoyan a los estados en la gestión de sus responsabilidades educativas tuvieron cambios sustantivos en su operación.

Para el funcionamiento de las nuevas responsabilidades educativas transferidas a los estados mediante la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), la Federación les transfirió recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal ( FAEB). Dicho fondo opero de 1998 a 2014 y con el se financió el pago de maestros, directores, supervisores y personal administrativo federalizado de las escuelas de educación básica ( preescolar, primaria y secundaria) y normal que, como consecuencia del ANMEB, pasaron a ser responsabilidad de los gobiernos estatales.

La operación del FAEB presentó graves problemas e irregularidades desde su creación, destacando la discrecionalidad en los criterios de su asignación por incumplimiento reiterado de su fórmula de distribución. Doble negociación salarial y de otras prestaciones entre la Federación y el SNTE y entre éste, a través de sus secciones sindicales en las entidades federativas, con cada gobierno estatal por separado, lo que que derivó en presiones sustantivas a las finanzas públicas , en particular para la parte más débil en este esquema, los gobiernos de los estados, generándose así el pago indebido a personal que no estaba en las aulas como es el caso de comisionados sindicales, comisionados administrativos y “aviadores”, pago de prebendas, bonos y extraordinarios a la percepción salarial del magisterio, incumplimientos, como en el caso de la seguridad social del magisterio, que se descontaban al personal pero no se entregaban en su totalidad al ISSSTE.

En 2014 y con el fin de frenar esta fuga masiva de recursos de la nómina educativa, el Congreso de la Unión, aprobó la iniciativa presidencial para centralizar su pago a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo ( FONE), mediante dicho fondo se financiaron 1 800 000 plazas del servicio público de la Educación Básica y Normal mediante pagos directos al personal por parte de la SEP que verifica el registro de la nómina educativa enviada por las autoridades estatales y solo paga al personal reconocido legalmente en los convenios de coordinación entre la federación y los estados.

Con el FONE se buscó eliminar espacios para el mal uso del presupuesto por parte de los gobiernos estatales,; terminar con la doble negociación salarial y sustituirla por una negociación nacional única; ordenar mediante un tabulador único las prestaciones obtenidas por las diversas secciones del SNTE desde 1992; eliminar las distorsiones que ocurrieron durante la evolución del FAEB.

Hasta ahora no se ha avanzado en estos objetivos, además un defecto del FONE es que no considera los esfuerzos presupuestales propios que los estados hacen a la financiación de sus sistemas educativos ni incorpora elementos para su distribución con criterios de calidad y equidad educativa.

Entre enero de 2015 y julio de 2018, últimos datos de los que dispongo, la Federación transfirió a nivel nacional un billón 268 mil 31 millones de pesos a las entidades mediante el FONE, 9 % que lo ejercido por el FAEB en el 2014. El incremento se debe a pagos autorizados a docentes estatales con nómina federal y al reconocimiento de 7539 conceptos como prestaciones y pagos discrecionales aceptados en mesas de negociaciones que en 2014 sostuvieron autoridades estatales y federales. A la entrega se suman 32mil 901 millones de pesos que de 2015 a 2017 se destinaron a pagos indebidos a comisionados sindicales y 31mil 910 millones de pesos a pagos a comisionados administrativos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó a 44,076 personas con plazas irregulares con un costo anual de 5000 millones de pesos, 1361 plazas dadas de baja que estaban siendo utilizadas y 10, 533 aviadores.

Muchas prácticas discrecionales que ocurrían con el FAEB se han acotado. Persisten la opacidad y mal uso de los recursos destinados a la nómina educativa. No se han reportado por completo los recursos que llegan al Fondo como es el caso del fondo compensatorio y de gasto operativo.

La conclusión:

Con base en todo lo anterior consideró que a pesar de que la federación tome la nómina educativa lo hará en términos generales con las reglas del FONE y tomará la responsabilidad que reconozca con base en éste. El resto, por ejemplo las prestaciones salariales extracontractuales pactadas mediante minutas con la CNTE y las plazas estatales creadas en los mismos términos quizás lo tenga que seguir asumiendo el estado.

Espero sinceramente estar equivocado.