Por: Fany Santiago.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Lo que debió ser un proceso institucional de renovación y fortalecimiento universitario terminó convirtiéndose en un escenario de confrontación que hoy evidencia una profunda división entre la administración de Rectoría, docentes y estudiantes.
Y es que, después de aproximadamente 300 días en los que debieron avanzar los procedimientos necesarios para la integración de la Comisión de Rectoría, fue hasta el pasado 3 de noviembre cuando el Consejo Universitario sesionó para aprobar los reglamentos que permanecían pendientes. Una decisión que, por la premura con la que se condujo y las dudas sobre la socialización previa del proyecto de acuerdos, abrió nuevos cuestionamientos sobre el respeto a los procedimientos y la participación de la comunidad universitaria.
Entre los planteamientos que se pusieron sobre la mesa destacan tres aspectos fundamentales: la conclusión del periodo de la actual rectora el próximo 8 de enero de 2027; la postura de que no existen condiciones para llevar a cabo una renovación de Rectoría en este momento, y la posibilidad de nombrar a una persona interina que permanezca en el cargo hasta el 27 de noviembre de 2027, fecha en la que se plantearía realizar el proceso de renovación.
En medio de esta discusión también se cuestionó una posible intromisión del Congreso del Estado en la autonomía universitaria. Sin embargo, aquí surge una pregunta necesaria: ¿cómo se puede defender la autonomía institucional cuando la propia Universidad presenta rezagos en sus procedimientos y mecanismos de renovación?
La movilización anunciada desde los canales institucionales de la Universidad no tuvo las dimensiones que se anticipaban. Hubo expresiones de inconformidad, sí, pero también quedó una imagen difícil de ignorar: por un lado, una administración de Rectoría defendiendo una ruta institucional; por otro, estudiantes y docentes que han hecho de la renovación y del respeto a los procedimientos su propia causa.
Ante este escenario, el Congreso del Estado de Michoacán tomó una determinación y aprobó que el proceso de renovación se conduzca a través de la Comisión correspondiente, contemplando la sucesión de Rectoría conforme a lo establecido en la Ley Orgánica.
Y aquí conviene hacer una distinción: quizá la discusión de fondo no debería centrarse únicamente en quién tiene la facultad de intervenir, sino en el método que debe prevalecer. ¿Por qué no utilizar los mecanismos que históricamente han permitido a la Universidad cumplir con su propia normatividad, garantizar la participación de su comunidad y preservar la estabilidad de la institución?
Porque la legalidad no puede ser selectiva, ni la autonomía convertirse en un argumento que se invoque únicamente cuando conviene a una determinada posición.
Lo que hoy sucede también obliga a mirar más allá del procedimiento administrativo. La Universidad ha acumulado episodios de desencuentro entre su administración y distintos perfiles académicos y profesionales. Basta recordar el caso de Zoé Infante, quien fue nombrado secretario general al inicio de la actual administración y posteriormente dejó el cargo, así como los conflictos relacionados con la dirección de la Facultad de Derecho.
No se trata de desconocer las facultades que corresponden a las autoridades universitarias, sino de cuestionar qué está ocurriendo con el diálogo, la pluralidad y la construcción de acuerdos dentro de una institución cuya esencia debería ser precisamente el pensamiento crítico y la libertad de ideas.
La Casa de Hidalgo no puede convertirse en un espacio de confrontación política ni utilizarse como escudo para defender intereses particulares. Mucho menos puede permitirse que las diferencias entre quienes encabezan su administración terminen desplazando las necesidades de quienes verdaderamente dan vida a la Universidad: sus estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores.
Por eso vale la pena preguntar: ¿quién está utilizando a quién en esta disputa? ¿Se está defendiendo realmente la autonomía universitaria o se está defendiendo una ruta que favorece la permanencia de una administración? ¿En qué momento la discusión sobre el futuro de la Universidad dejó de tener como prioridad a su comunidad?
La UMSNH ha sido históricamente un crisol de pensadores, una casa de formación para generaciones de michoacanas y michoacanos, así como para estudiantes de otras entidades. De sus aulas han egresado profesionistas que han contribuido al desarrollo de Michoacán, de México y de otros lugares del mundo.
Su historia, prestigio y autonomía merecen estar por encima de cualquier diferencia política o administrativa.
El diálogo debe prevalecer en todas las instancias, pero también el debido proceso, la transparencia y el respeto irrestricto a la normatividad. Ninguna autoridad está por encima de las reglas que rigen a la institución y ninguna diferencia debería justificar que se debilite su estabilidad.
Lo que hoy ocurre es histórico, no necesariamente por el resultado de una sesión o por la confrontación entre poderes, sino porque ha puesto sobre la mesa una discusión que la Universidad ya no puede aplazar: qué tipo de institución quiere ser y bajo qué principios pretende construir su futuro.
La renovación de Rectoría no debería entenderse como una victoria para unos ni una derrota para otros. Debe ser una oportunidad para recuperar la confianza, fortalecer la vida académica y garantizar que las decisiones respondan al interés colectivo.
Por ende, la renovación debe darse conforme se ha planteado y en los tiempos correspondientes, bajo una comisión de rectoría y que quienes aspiren tengan las condiciones para hacerlo y que llegue un buen perfil que asuma los retos y prioridades que merecen para mejorar y hacer una vida profesional: las y los Nicolaitas.
Porque, más allá de quién ocupe la Rectoría, hay algo que no debería estar sujeto a negociación: la estabilidad, el desarrollo y el futuro de las y los nicolaitas.
