Por: Jorge Osnaya González
Hay cargos públicos en los que una crisis personal termina afectando mucho más que a quien los ocupa. La Presidencia del Instituto Nacional Electoral es uno de ellos. Quien encabeza al árbitro de las elecciones administra una institución que depende, de algo difícil de medir, pero indispensable en una democracia: la confianza.
Por eso la renuncia de Guadalupe Taddei no puede verse como una salida administrativa más. El lunes 26 de octubre presentó ante la Cámara de Diputados su renuncia a la Presidencia del INE, después de varios días de señalamientos sobre posibles conflictos de interés, relaciones con proveedores y presuntas irregularidades en procesos de contratación que ya son revisados por la Auditoría Superior de la Federación. Las autoridades competentes tendrán que establecer con precisión qué ocurrió y, si se acreditan responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes.
El episodio tiene además una dimensión histórica. Luis Carlos Ugalde presentó su renuncia al frente del entonces IFE en diciembre de 2007, pero lo hizo en el contexto de una reforma electoral que ordenó sustituirlo, junto con otros dos consejeros, tras los cuestionamientos por la elección de 2006. Lo de ahora es distinto: nunca una presidencia del órgano electoral nacional había dejado el cargo en medio de señalamientos de corrupción de esta naturaleza. El precedente obliga a pensar en el estándar que exigimos a quienes encabezan nuestras instituciones.
No pretendo sustituir a quienes investigan ni adelantar una resolución jurídica. Pero eso no obliga a fingir que políticamente no pasó nada. Cuando los cuestionamientos de corrupción alcanzan a quien encabeza una institución como el INE, el daño a la confianza pública existe incluso antes de que concluya cualquier procedimiento.
México tardó décadas en construir una autoridad electoral con autonomía suficiente para organizar elecciones, que al día de hoy aceptan todos los partidos políticos. Las elecciones necesitan reglas claras, casillas, funcionarios y sistemas eficaces, pero también que quienes participan reconozcan legitimidad en el árbitro y en sus decisiones.
Ahora viene la parte que vale la pena explicar. La renuncia no significa que el Gobierno federal pueda nombrar a quien la sustituya. Eso le corresponde a la Cámara de Diputados mediante un procedimiento constitucional: una convocatoria pública, un Comité Técnico de Evaluación de cinco personas que revisará los perfiles y una propuesta que debe alcanzar el voto de dos terceras partes de los diputados presentes. Si no hay esa mayoría, la Constitución prevé la insaculación.
Ese proceso inició justamente esta semana. Ayer martes, el Consejo General del INE designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Hoy está previsto que el Pleno vote la convocatoria que establecerá requisitos, etapas y plazos del procedimiento, que se estima pueda durar entre cuatro y cinco semanas. Quien resulte elegido llegará a concluir el periodo que quedó vacante.
Aquí la Cámara tiene una responsabilidad que va mucho más allá de elegir al titular de un cargo, y con el proceso electoral federal en marcha el margen de error es mínimo.
En 2023 los grupos parlamentarios no lograron construir un acuerdo y la Presidencia terminó definiéndose por insaculación, un método que Morena impulsó y que López Obrador celebró, pero que también avalaron los coordinadores del PAN y el PRI. La Constitución lo prevé como último recurso; aun así, conviene preguntarse si deberíamos volver a depender de él en una decisión de esta importancia.
Por eso esta vez el reto es mayor. No se trata de repartir culpas ni de convertir la designación en una revancha partidista, pero tampoco de ignorar la experiencia reciente. No bastará con cumplir el procedimiento: tendrá que construirse un acuerdo suficientemente sólido para que llegue una persona honesta, con preparación, independencia, legitimidad y credibilidad.
Por eso la discusión no debería reducirse a quién ocupará la oficina. La pregunta de fondo es qué perfil necesita hoy el INE.
Las instituciones no se fortalecen ocultando sus problemas. Se fortalecen cuando investigan, corrigen y ponen sus responsabilidades por encima de las personas. Proteger al INE no significa proteger a quienes lo encabezan; significa proteger su autonomía y su credibilidad.
Quien llegue a la Presidencia recibirá mucho más que un cargo constitucional: recibirá la tarea de demostrar que una institución puede atravesar una crisis, corregirse y salir fortalecida.
Porque organizar bien una elección es indispensable para una democracia. Lograr que la sociedad confíe en quien la organiza también lo es…
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