Por: Fany Santiago.
Hoy debemos decirlo como es: el nivel de la política, la capacidad de construir acuerdos, la disposición al diálogo y el valor de la palabra empeñada han venido perdiendo terreno frente al protagonismo, la confrontación y el espectáculo mediático.
Hablar de nivel político no significa medir quién tiene más poder, quién levanta más la voz o quién consigue mayor exposición pública. Significa hablar de altura política: la capacidad de construir relaciones con la ciudadanía, reconocer liderazgos, honrar acuerdos, generar certezas y, sobre todo, tener la voluntad de hablar de frente y cumplir lo que se promete.
Porque la política, cuando se ejerce con responsabilidad, no se trata únicamente de ganar espacios; se trata de construir confianza, representar causas y encontrar soluciones.
Sin embargo, cada vez son más evidentes las señales de desgaste. El discurso se impone sobre los resultados, la descalificación sustituye a los argumentos y la confrontación parece convertirse en una estrategia para ganar reflectores. El costo de estas prácticas no es menor: debilita el interés social, erosiona la credibilidad de las instituciones y aleja a la ciudadanía de la participación pública.
Cuando la política deja de ser un instrumento para resolver problemas y se convierte en un escenario para alimentar egos, comienza a transformarse en politiquería.
Los ejemplos están a la vista. Las denuncias de represión frente a manifestaciones ciudadanas, como las relacionadas con las protestas por el acceso al agua limpia en Jalisco, obligan a cuestionar la capacidad de los gobiernos para escuchar y atender las demandas sociales. El agua es un derecho, y la protesta pacífica forma parte de la vida democrática. Frente a estas exigencias, la respuesta institucional debe privilegiar el diálogo, la atención y el respeto a los derechos humanos, no la intolerancia ni la confrontación.
De igual manera, algunos episodios protagonizados por actores políticos en los espacios legislativos dejan mucho que desear. Las actitudes del diputado Carlos Mancilla y la postura de Jorge Álvarez Máynez, en los episodios que han generado discusión pública, abren una reflexión necesaria sobre los límites entre la defensa de una posición política y la construcción de un espectáculo mediático.
Aquí no se trata de descalificar una causa social, cuestionar el derecho a disentir o negar que existan diferencias legítimas. El fondo está en el cómo, el cuándo y el para qué. Porque una causa puede ser válida y, aun así, la forma de defenderla puede restarle seriedad; de la misma manera, una crítica puede ser necesaria, pero pierde fuerza cuando se antepone la soberbia a los argumentos.
La política exige carácter, sí, pero también prudencia; exige firmeza, pero no intolerancia; exige posicionamientos claros, pero también responsabilidad sobre las consecuencias de cada palabra y cada acción.
No todo desacuerdo es una crisis, ni toda confrontación representa una postura valiente. A veces, la verdadera altura política está en saber escuchar, reconocer errores, construir coincidencias y entender que el adversario no necesariamente es un enemigo.
Por eso, la tarea de los partidos políticos no puede limitarse a preparar la siguiente contienda electoral. Hoy tienen la responsabilidad de reinventarse, transformarse y revisar la congruencia entre sus principios, sus discursos y sus prácticas. Necesitan fortalecer la formación política y social de sus cuadros, preparar liderazgos con capacidad de diálogo y recuperar el valor de la palabra como instrumento para construir acuerdos duraderos.
No basta con renovar dirigencias, cambiar estrategias de comunicación o incorporar nuevos rostros. La transformación debe ser más profunda: requiere principios, preparación, congruencia y una verdadera vocación de servicio.
Elevar el nivel de la política es una responsabilidad compartida. Corresponde a los partidos, a los gobiernos, a quienes legislan, a los liderazgos sociales y también a una ciudadanía que tiene derecho a exigir resultados, rendición de cuentas y representantes a la altura de sus responsabilidades.
Los retos de México van mucho más allá de una contienda electoral. Están en garantizar una representación efectiva, avanzar en la paridad, construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales, modernizar los gobiernos mediante herramientas digitales, fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y actualizar las normas para que respondan a los desafíos de nuestro tiempo.
También están en impulsar iniciativas sociales que no se queden en el discurso, sino que mejoren las condiciones de vida de las personas, fortalezcan las comunidades y generen oportunidades.
Nada de esto tiene un solo color partidista. Son desafíos que exigen voluntad, capacidad y responsabilidad, independientemente de las siglas que cada quien represente.
Porque la ciudadanía no necesita políticos que compitan por ver quién protagoniza el siguiente escándalo; necesita liderazgos que sepan escuchar, gobiernos que resuelvan y representantes que comprendan que el poder no es un privilegio personal, sino una responsabilidad pública.
La política debe recuperar su sentido más elemental: servir, representar y transformar.
Cuando el espectáculo pesa más que las soluciones, pierde la política y pierde la sociedad. Cuando los acuerdos, la congruencia y los resultados vuelven al centro, gana México.
La pregunta no es quién consigue más reflectores, sino quién está dispuesto a elevar el nivel y asumir la responsabilidad de hacer las cosas mejor. Porque entre hacer política y hacer politiquería existe una diferencia fundamental: la primera construye futuro; la segunda solo busca protagonismo.
