Por: Fany Santiago
Proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia digital no es una opción: es una responsabilidad de Estado.
La tecnología abrió una ventana inmensa de oportunidades para aprender, comunicarnos y descubrir el mundo. Sin embargo, esa misma ventana también puede convertirse en una puerta de entrada para el acoso, la violencia, la explotación y otras formas de agresión que afectan especialmente a quienes todavía están construyendo su identidad: niñas, niños y adolescentes.
Por eso, el avance propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la protección de las infancias en los entornos digitales representa una discusión necesaria y urgente para México. Porque garantizar los derechos de la niñez también significa protegerla en los espacios donde hoy convive, aprende, juega y se relaciona.
La violencia digital no es menos grave por ocurrir detrás de una pantalla. Sus consecuencias pueden alcanzar la autoestima, la salud emocional, la privacidad y el desarrollo de quienes la padecen. El ciberacoso, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el contacto de personas con intenciones de explotación y la manipulación mediante plataformas digitales son riesgos que exigen respuestas institucionales firmes.
El mundo digital no puede ser un territorio sin reglas cuando están en riesgo los derechos de nuestras infancias.
La propuesta presidencial coloca sobre la mesa una tarea que el Estado no puede postergar: avanzar hacia entornos digitales más seguros, con medidas de prevención, mecanismos eficaces de denuncia y una mayor responsabilidad de las plataformas tecnológicas. El desafío consiste en traducir esa intención en acciones concretas, con alcances claros y resultados verificables.
Pero la protección no debe confundirse con el miedo ni con la simple prohibición del acceso a internet. La tecnología también es una herramienta de conocimiento, inclusión y desarrollo. El objetivo debe ser que niñas, niños y adolescentes puedan aprovechar sus beneficios sin quedar expuestos a agresiones que vulneren su dignidad.
Para lograrlo, es indispensable que las plataformas asuman una responsabilidad real frente a los contenidos dañinos y las conductas de riesgo; que las autoridades cuenten con capacidades para investigar y atender las denuncias; y que las escuelas y las familias tengan herramientas para fomentar una cultura de prevención y ciudadanía digital.
También es fundamental escuchar a las propias infancias y adolescencias. Las políticas públicas que buscan protegerlas deben reconocerlas como personas titulares de derechos, considerar sus distintas realidades y evitar que las medidas de seguridad se conviertan en mecanismos de vigilancia desproporcionada o de exclusión.
En este esfuerzo, México necesita fortalecer la educación digital, la alfabetización mediática y la atención especializada a las víctimas. No basta con reaccionar cuando el daño ya ocurrió: debemos construir condiciones para prevenirlo, detectarlo a tiempo y garantizar que ninguna víctima se quede sola.
El reto es particularmente importante para las niñas y las adolescentes, quienes pueden enfrentar formas de violencia digital atravesadas por la discriminación de género, la sexualización y la difusión no consentida de imágenes. Protegerlas implica combatir la impunidad, promover la denuncia segura y garantizar que la responsabilidad nunca recaiga sobre quien sufre la agresión.
La iniciativa impulsada desde la Presidencia puede contribuir a abrir una nueva etapa en la protección de los derechos digitales, siempre que se acompañe de coordinación institucional, recursos suficientes, evaluación permanente y participación social. La voluntad política es el punto de partida; la implementación efectiva será la medida de su éxito.
Porque una política pública no se demuestra únicamente por lo que anuncia, sino por la capacidad que tiene para transformar la vida de las personas.
Hoy, la seguridad de la niñez también se juega en internet. Y frente a ese desafío, el Estado, las empresas tecnológicas, las instituciones educativas y las familias tienen una responsabilidad compartida.
Proteger a nuestras infancias es garantizarles el derecho a crecer, aprender y expresarse sin violencia, tanto en las calles como detrás de una pantalla.
El futuro digital de México debe construirse con innovación, sí, pero también con derechos, responsabilidad y humanidad. Ningún avance tecnológico puede considerarse verdadero progreso si deja desprotegidos a quienes más necesitan de nosotros.
