POR: DIEGO DONALDO CHÁVEZ PALMERÍN
COLUMNA: EL ÚLTIMO LLAMADO
LA LISTA.
Las listas parecen inocentes o insignificantes hasta que quien la escribe es el poder.
En 1950, el senador estadounidense Joseph McCarthy aseguró tener en sus manos una lista de 205 supuestos comunistas infiltrados en el Departamento de Estado.
Las pruebas fueron insuficientes, pero el señalamiento bastó para alimentar una época de sospechas, persecuciones y destruir reputaciones. Cuatro años después, el Senado terminó censurándolo.
La historia no se repite exactamente y sería totalmente irresponsable equiparar episodios. Pero sí deja advertencias.
Hace unos días, desde una tribuna oficial del Gobierno de México, la Consejería Jurídica exhibió nombres de periodistas, comunicadores y políticos dentro de un análisis sobre un supuesto «ecosistema digital» que amplifica contenidos contra la Presidenta y la 4T. Claudia Sheinbaum rechazó que sea una «lista negra».
Concedamos el término, el problema permanece.
¿Qué necesidad tiene el Estado de identificar públicamente a quienes lo cuestionan?
Una administración tiene derecho a defenderse de información falsa, investigar operaciones digitales coordinadas y ejercer su derecho de réplica. Lo muy discutible es usar la enorme capacidad comunicativa del Estado para clasificar adversarios y exhibir nombres desde el poder.
Ahí cambia la relación. Un ciudadano critica, un periodista cuestiona, y un opositor confronta.
El Estado, en cambio, tiene instituciones, presupuesto, información, fuerza y una tribuna nacional. Nunca compiten en igualdad de condiciones.
Hoy pueden llamarlo análisis, monitoreo o derecho de réplica, la historia obliga a desconfiar cuando el poder empieza a ordenar a sus críticos por nombre y apellido. (leerlo 3 veces)
Cuando desde el poder se comienza a llevar la cuenta de sus críticos, la sociedad tiene razones para empezar a llevarle la cuenta al poder.
