Por: Leo González
Desde que se anunció el Plan Michoacán sostuve que una estrategia de seguridad no podía estar completa sin una depuración profunda de las policías municipales. Ese sigue siendo el gran pendiente. Mientras no se atienda ese problema de raíz, cualquier esfuerzo estatal o federal tendrá un alcance limitado.
Durante décadas, las corporaciones municipales han padecido abandono institucional, bajos salarios, escasa capacitación y una constante infiltración del crimen organizado. Hoy, en muchos municipios, representan el punto más vulnerable del sistema de seguridad pública.
La historia reciente lo demuestra. En 2014, la entonces Policía Federal asumió el control de la seguridad en Uruapan con la promesa de recuperar la paz. Los resultados fueron decepcionantes: la violencia no disminuyó y las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos aumentaron. Cambiar de uniforme nunca resolvió el problema de fondo.
Años antes, en 2010, el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna —hoy condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico— impulsaba la desaparición de las policías municipales para sustituirlas por corporaciones estatales más fuertes y sujetas a controles homogéneos. Paradójicamente, una propuesta promovida por un personaje desacreditado merece ser analizada por sus méritos y no únicamente por quien la planteó.
La realidad obliga a discutirla con seriedad. Más de dos mil corporaciones municipales significan también más de dos mil puntos vulnerables para la corrupción, la infiltración criminal y la presión política local. Centralizar la seguridad no garantiza el éxito, pero sí facilita los controles de confianza, la supervisión y la profesionalización.
En buena parte de Michoacán, las policías municipales dejaron de ser la primera línea de defensa ciudadana para convertirse, por miedo o corrupción, en instrumentos al servicio de grupos criminales. El resultado siempre es el mismo: ciudadanos indefensos y comunidades sometidas por la violencia.
Tancítaro demuestra que sí es posible
Sin embargo, también existen ejemplos que rompen esa lógica.
Tancítaro construyó un modelo distinto. Cansados de las extorsiones, secuestros y la inseguridad, productores de aguacate y autoridades municipales decidieron invertir conjuntamente en una corporación profesional.
El municipio aporta alrededor de 60 millones de pesos y el sector productivo una cantidad similar. Gracias a ello mantienen 72 policías con mejores salarios, equipo adecuado, capacitación permanente y estrictos controles de confianza. Los elementos pertenecen al propio municipio, conocen a la comunidad y tienen arraigo familiar, reduciendo significativamente el riesgo de infiltración.
El resultado habla por sí solo: una policía mejor preparada, mejor pagada y con mayor legitimidad social.
La seguridad no puede seguir dependiendo de corporaciones debilitadas por la improvisación, la precariedad o los intereses políticos. Michoacán necesita policías profesionales, con salarios dignos, supervisión permanente y cero tolerancia a la corrupción.
Porque mientras las policías municipales continúen siendo el eslabón más débil de la cadena, la delincuencia siempre encontrará por dónde romperla. La paz no se construye únicamente con más patrullas o más operativos; se construye fortaleciendo las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía desde el ámbito más cercano: el municipio.
