Por: Staff
Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán dictaminaron como improcedente la denuncia de juicio político presentada por una ciudadana en contra de las y los integrantes del Pleno del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado, así como del magistrado Hugo Alberto Gama Coria, en su calidad de presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del propio Órgano de Administración.
La denuncia fue presentada el 1 de junio de 2026 y ratificada el 4 de junio del mismo año. Posteriormente, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura le dio lectura el 10 de junio y la turnó el día 12 a las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para el análisis de su procedencia, conforme a la legislación aplicable.
Tras el estudio de la documentación presentada, las comisiones concluyeron que no existen elementos jurídicos suficientes para instaurar un juicio político, al no acreditarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios. El dictamen señala que los hechos expuestos por la denunciante no describen actos u omisiones graves que hayan redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado.
Asimismo, el Congreso determinó que los hechos denunciados corresponden a una controversia de naturaleza laboral derivada de una relación de servicio público y, por tanto, no constituyen materia de juicio político, al tratarse de un asunto que, en su caso, debe ser resuelto por las instancias jurisdiccionales competentes.
En consecuencia, el acuerdo aprobado declara improcedente la denuncia de juicio político presentada en contra de las personas servidoras públicas señaladas y deja a salvo los derechos de la denunciante para que pueda ejercer las acciones legales que estime pertinentes ante la autoridad competente.
