Columna
– El Observador Global-
Política e internet en México
Por Richard Guevara Cárdenas
En las últimas semanas se han acumulado en México varios episodios que, aunque parecen inconexos, forman parte de un mismo debate de fondo: la relación entre política, regulación y libertad en el espacio digital.
Por un lado, el gobierno federal anunció un acuerdo con empresas tecnológicas como Meta, TikTok y Google para fortalecer acciones contra la violencia digital hacia las mujeres. El objetivo es que estas plataformas colaboren en la detección y eliminación de contenidos que promuevan el acoso o la agresión en línea.
El dato que acompaña esta iniciativa no es menor: de acuerdo con cifras oficiales, en 2024 cerca de 18.9 millones de personas fueron víctimas de acoso en internet en México, de las cuales aproximadamente 10 millones fueron mujeres. En ese contexto, el convenio también contempla campañas de prevención y la difusión de una Cartilla de Seguridad Digital para orientar a los ciudadanos sobre cómo prevenir y denunciar estos casos.
Mientras tanto, en el estado de Michoacán se presentó otra iniciativa que apunta en una dirección similar: establecer un marco legal para el uso responsable de tecnologías emergentes.
La propuesta fue impulsada por la diputada, quien planteó la creación de una Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial en el estado, con el argumento de proteger derechos humanos ante el crecimiento acelerado de estas herramientas.
En paralelo, otro frente del debate digital se abrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Permisionarios de taxis bloquearon accesos a las terminales en protesta contra la operación de plataformas de transporte como Uber y DiDi dentro de la zona federal del aeropuerto.
El conflicto refleja un fenómeno más amplio: la tensión entre modelos tradicionales y plataformas digitales, un choque que ya no es únicamente económico, sino también regulatorio y político. Los taxistas exigen igualdad de reglas; las plataformas apelan a la innovación y a la libertad de elección de los usuarios.
Visto en conjunto, estos tres casos —violencia digital, regulación de inteligencia artificial y conflicto entre plataformas y sectores tradicionales— muestran que el debate sobre internet ya no es únicamente tecnológico. Es profundamente político.
Durante años predominó la idea de que internet debía ser un territorio completamente libre, casi anárquico, donde cada usuario ejerciera su autonomía sin interferencias.
Esa visión sigue siendo defendida por quienes consideran que cualquier intento de regulación puede abrir la puerta a formas de censura o control estatal.
Sin embargo, el ecosistema digital de 2026 es muy distinto al de hace dos décadas. Hoy el espacio en línea también es escenario de acoso, manipulación informativa, delitos cibernéticos y conflictos económicos derivados de nuevas plataformas tecnológicas. Ante esa realidad, muchos gobiernos han comenzado a plantear marcos regulatorios bajo argumentos de seguridad, protección de datos o defensa de derechos humanos.
El dilema es evidente: más regulación puede significar más protección, pero también menos privacidad y mayor riesgo de control político sobre los contenidos y los ciudadanos.
Incluso han surgido nuevos debates paralelos, como el llamado derecho a la desconexión digital, recientemente reconocido en reformas laborales que buscan proteger el tiempo personal de los trabajadores frente a la hiperconectividad permanente.
En este escenario, la discusión sobre internet no puede reducirse a posiciones absolutas. Ni la idea de un espacio totalmente libre de reglas, ni la tentación de regularlo todo desde el poder público, ofrecen respuestas completas.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio razonable.
La libertad digital debe preservarse porque internet ha sido una de las herramientas más poderosas para la expresión, la organización social y el acceso al conocimiento. Pero esa libertad también exige responsabilidad, ética y protección frente a abusos reales que afectan a millones de personas.
Regular no debería significar censurar, y defender la libertad no debería implicar tolerar la violencia o el abuso.
Entre ambos extremos se encuentra el verdadero reto de nuestro tiempo: construir una gobernanza digital que proteja derechos sin sofocar libertades.
Porque al final, el internet no es solo tecnología.
Es un espacio donde conviven ciudadanía, poder, mercado y democracia.
Y precisamente por eso, el debate sobre su futuro no puede ser simplista ni ideológico: debe ser responsable.
Richard Guevara Cárdenas es Consultor y Analista Político, colabora como columnista para diversos medios digitales en América Latina
