Por: Richard Guevara Cárdenas (*).
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, en el estado de Michoacán, México, vuelve a sacudir las entrañas políticas del país. No es un hecho aislado ni un crimen más en la estadística de la violencia: es el reflejo más crudo de una realidad donde ejercer el poder público se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
El crimen vuelve a mostrar la fragilidad en materia de seguridad del gobierno del estado. Hace apenas unas semanas fue asesinado el líder limonero Bernardo Bravo; ahora, el turno fue para un alcalde que, con su estilo particular de gobernar y su decisión de enfrentar la inseguridad en su municipio y en toda la región, no merecía una muerte por atreverse a levantar la voz.
El gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, junto a su secretario de Seguridad, el fiscal del estado y hasta Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México —quien hace poco llegó en helicóptero a Tierra Caliente para abordar temas de seguridad—, deberán ofrecer explicaciones contundentes. La propia presidenta de la República deberá pronunciarse y también tomar acciones más enérgicas porque hace unos meses el alcalde michoacano la había increpado y solicitado apoyo de manera pública.
Cada vez que matan a un alcalde, y ya van siete que han sido asesinados desde que Alfredo Ramírez Bedolla asumió el cargo de gobernador de Michoacán, el mensaje no va solo dirigido a una persona, sino a toda una estructura institucional que el crimen busca intimidar o someter. Detrás de cada asesinato hay una advertencia: “el territorio no se gobierna desde el palacio municipal, sino desde las sombras.”
El alcalde de Uruapan representaba a una generación de autoridades locales que enfrentan lo imposible: gobernar sin recursos, con escasa fuerza policial, en municipios donde los poderes fácticos —económicos, criminales o políticos— imponen su ley. Su muerte, además de trágica, desnuda la debilidad del Estado mexicano en los niveles donde más se necesita su presencia: el territorio.
El discurso oficial se apresuró a informar que el agresor fue abatido y que se aseguraron armas y detenidos. Pero la ciudadanía no está satisfecha con esas respuestas inmediatas. La gente quiere justicia, no comunicados. Quiere garantías de que su autoridad no morirá cada tres años, que la política no se siga escribiendo con sangre.
En Morelia capital de Michoacán, y en varias ciudades del estado, se realizó una Marcha Ciudadana bajo el lema “¡Ya basta de abusos y omisiones!”. La movilización no fue solo por un alcalde caído, sino por todas las víctimas de la impunidad. En ella resonó el cansancio colectivo ante la corrupción, la indiferencia institucional y la falta de protección para quienes intentan servir desde lo público.
Cuando un presidente municipal es asesinado, no muere solo una persona: muere también una parte del pacto democrático. Cada crimen de este tipo erosiona la confianza, el tejido social y la noción misma de autoridad legítima.
En Michoacán, la violencia ya no distingue entre policías, funcionarios o ciudadanos. Todos se han vuelto vulnerables ante la ausencia de un Estado que logre garantizar seguridad, justicia y gobernabilidad. Y cuando el miedo se instala en el poder local, el crimen avanza, el silencio se impone y la impunidad gobierna.
Hoy, más que nunca, se requiere firmeza institucional, coordinación real entre niveles de gobierno y un compromiso ético que devuelva a la política su sentido de servicio y no de supervivencia. Porque si ejercer el poder implica poner la vida en riesgo, entonces el país ha perdido su rumbo.
Muchos pudieron coincidir o no con el estilo de Carlos Manzo, quien permanentemente desafiaba no solo al crimen organizado en su municipio, sino también a los niveles superiores del gobierno. En algunos estados del país lo llamaban “El Bukele mexicano”, y había quienes aupaban su eventual candidatura independiente para el gobierno del estado e incluso para la presidencia de la República aun así, ningún argumento o diferencia política puede justificar una muerte, y menos la de un gobernante, porque representa no solo una vida truncada, sino también el fracaso de una política de seguridad y un desafío directo a quienes gobiernan.
Richard Guevara Cárdenas
Ex diputado venezolano radicado en México
Consultor político en estrategia, comunicación y posicionamiento
Director de Marketing Político de UVA México
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP)
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