Por: Leovigildo González
En los últimos días, el municipio de Apatzingán, ubicado en la región de Tierra Caliente, Michoacán, ha enfrentado una grave crisis humanitaria debido al desplazamiento forzado de familias provocado por la escalada de violencia vinculada a disputas entre grupos del crimen organizado, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros locales como Los Viagras y Los Caballeros Templarios.
Según organizaciones civiles y reportes periodísticos, las comunidades más afectadas incluyen El Guayabo, El Alcalde, El Morado, El Manzo y El Mirador.
La presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, reconoció públicamente la emergencia a través de un video difundido en redes sociales el 26 de julio, donde admitió que las familias han abandonado sus hogares en zonas rurales debido a enfrentamientos armados, el uso de drones con explosivos y la presencia de artefactos explosivos en caminos. Para atender esta situación, el ayuntamiento habilitó el número telefónico 453 115 25 51 para brindar apoyo humanitario, como alimentos, colchonetas, cobijas, atención médica y acompañamiento del DIF municipal.
El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) alertó sobre nuevos desplazamientos en comunidades como El Guayabo, El Alcalde y Chandio, donde el 2 de julio se reportó un ataque con drones explosivos que hirió a un menor y desplazó al menos a dos familias. Desde marzo, la violencia en estas zonas ha sido constante, con enfrentamientos registrados el 15 y 16 de julio en El Guayabo, según videos y testimonios recopilados por defensores de derechos humanos.
Aunque no se han proporcionado cifras exactas de personas desplazadas en los últimos días, el OSHRA estima que desde marzo de 2025, al menos 500 personas han abandonado El Guayabo y El Alcalde, mientras que en 2024 se reportaron 580 desplazados en Apatzingán.
Las familias buscan refugio con conocidos o en la cabecera municipal, enfrentando condiciones económicas precarias y la interrupción de clases, lo que ha llevado a la alcaldesa a proponer clases adicionales con profesores voluntarios.
La violencia, que incluye homicidios, bloqueos carreteros y el uso de minas antipersona, ha generado un clima de zozobra, dejando comunidades prácticamente deshabitadas.
Organizaciones como el OSHRA han exigido a las autoridades estatales y federales activar protocolos de atención humanitaria, garantizar la seguridad de los desplazados y evitar su revictimización. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido limitada, para atender la crisis.
Esta situación refleja la persistente crisis de gobernabilidad en Tierra Caliente, donde la violencia del crimen organizado no solo provoca desplazamientos, sino también el colapso económico y educativo, afectando gravemente el tejido social de la región.
