Por: Leovigildo González
En el proceso de designación de cargos judiciales en Michoacán se observa una tendencia alarmante: campañas digitales artificiales, crecimiento sospechoso en redes sociales y profundas diferencias en la calidad.
Hugo Gama Coria, maneja una narrativa de independencia, foto de perfil y publicaciones de arranque de campaña tienen hasta 700 likes, así como un promedio de 300 en lo que sube, incluidos videos. Su contenido es más constante que el de otros aspirantes, con un lenguaje más técnico en algunos momentos, ya que muestra los recorridos de campaña y su trayectoria.
Su crecimiento ha sido estable y orgánico en el sentido estricto: algunas de sus interacciones parecen amplificadas por su impacto; sale a territorio, sin embargo, muestra improvisación videos ya que los realiza en los recorridos de la campaña en donde muestra cercanía con la gente para llevar sus propuestas.
José Alfredo Flores Vargas, ha basado su estrategia en publicaciones personales donde se autopromueve con frases como «Nicolaita de corazón» y hashtags como «#Tipazo». Su foto de perfil llegó a cerca de 300 «likes» de ahí en fuera su impacto es prácticamente nulo. Su crecimiento en redes ha sido orgánico pero limitado, sin gran interacción real ni indicadores de viralización. Sus publicaciones, con diseño rudimentario y resolución deficiente, muestran un esfuerzo más político que ciudadano. Destaca que el link visible de su perfil contiene la palabra “morena”, lo que refuerza una imagen de militancia política más que judicial. No se detecta de forma superficial la contratación de asesores o profesionales de imagen, y el contenido no evidencia inversión en producción audiovisual. El tono es cercano, pero sin estructura narrativa ni objetivo claro. Su imagen no ha sido cuidada desde lo técnico, y tampoco parece haber intención de proyectar seriedad institucional.
Salvador Alejandro Pérez, presenta un caso más llamativo. Su perfil, tiene poco más de 2 mil 900 seguidores, su foto de perfil tiene 358 «likes», muestra planificación en su contenido pero sin storytelling, carente de calidad discursiva, de propuestas, así como de material gráfico de calidad, y sin el sentido y esencia correcta para ir a las urnas, con abuso de imágenes que poco o nada importan para ganar adeptos a su causa.
J. Jesús Sierra, el candidato muestra calidad en su foto de perfil aunque su impacto medido en «likes» le alcanza a menos de 300 y poco mas de 3 mil 400 seguidores. Se percibe una línea gráfica definida y manejo de símbolos jurídicos.
Tiene imágenes en territorio, aunque sus publicaciones tienen un promedio de 100 likes, lo que muestra que no hay una estrategia clara de impacto.
Sergio Santamaría Chamú, ha centrado su discurso en la denuncia de una supuesta persecución política. Su presencia en redes es constante, pero su narrativa es repetitiva y muchas veces poco estratégica. Publicaciones centradas en su conflicto con el Poder Judicial o con ciertos actores locales que no se traducen en engagement ni en empatía ciudadana alguna. La calidad gráfica, no hay estrategia de comunicación sólida, ni se detecta la intervención de profesionales de imagen. Su crecimiento en seguidores es marginal, y su presencia parece más una extensión de un conflicto que una propuesta seria de integración al poder judicial. No ha mostrado interés real o solido por explicar su visión jurídica o su perfil técnico, lo cual debilita su propuesta ante los ojos públicos, más allá de auto asumirse como alguien capacitado que se vio forzado a salir a las calles para defender su visión del poder judicial.
Arturo Huerta Corona muestra una presencia casi nula. Su actividad en redes es mínima, con publicaciones esporádicas que se convierten en raras de ver, sin identidad gráfica amigable, sin narrativa definida, y con materiales de muy baja calidad. No se observa estrategia digital, producción visual ni asesoría de imagen. Su presencia pública parece más una formalidad que un esfuerzo real por conectar con el público o con la comunidad jurídica. Su perfil no proporciona elementos que a los ciudadanos les pueda interesar para evaluar sus propuestas ni su visión de justicia.
La diferencia es evidente: algunos aspirantes parecieran haber invertido incluso de más en recursos profesionales —desde asesores hasta producción audiovisual—, mientras otros apenas logran sostener una imagen improvisada o con errores técnicos elementales.
