Por: David X. Rueda
Hace años, miembros del crimen organizado desataron el horror en Uruapan al dejar cabezas humanas en un bar, un acto brutal que, sorprendentemente, no provocó una gran indignación entre los funcionarios públicos y terminó siendo minimizado y olvidado.
Posteriormente, la violencia escaló en Michoacán con masacres que incluyeron un ataque a policías federales en Apatzingán, quienes fueron secuestrados de un hotel y más tarde encontrados muertos, con signos de tortura y apilados a un costado de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas. La respuesta de las autoridades fue insuficiente y no se emprendieron acciones concretas para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
En internet circulan imágenes perturbadoras que muestran a personas e incluso a perros en la calle llevando partes de cuerpos humanos, y parece no haber esfuerzos significativos para abordar estos actos y prevenir su repetición.
Casos extremadamente graves, como el asesinato de nueve miembros de la familia LeBaron, de doble nacionalidad México-Estadounidense y de fe mormona, solo parecen conmover a la sociedad durante unas horas. Las víctimas incluyeron mujeres y niños, con edades que iban desde los 43 años hasta apenas 8 meses.
A diario se publican videos que muestran violencia, asesinatos y enfrentamientos, cada vez más frecuentes incluso en zonas urbanas y centros comerciales, lugares que deberían ser seguros para el esparcimiento familiar.
Mientras tanto, en Estados Unidos y algunos países europeos, cuando un funcionario público o un policía es atacado, se moviliza una considerable fuerza pública para capturar a los culpables y las leyes imponen castigos severos para disuadir estos crímenes. En contraste, en México, durante la actual administración federal, más de 2,300 policías han sido asesinados sin que se persiga de manera efectiva a los responsables o se muestre la determinación estatal necesaria para proteger a estos servidores públicos.
Ante ataques a familiares de políticos destacados y secuestros de familias de militares, surge una pregunta urgente: ¿Qué debe suceder para que el Estado mexicano actúe decisivamente y restaure el orden en este gran país? La situación demanda una respuesta firme y contundente que aún está por verse.
