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Por Adán García
En los últimos años, la comunidad indígena de Arantepacua, ya de por sí lastimada, se ha convertido en una tentadora guarida de grupos para la comisión de delitos y golpes políticos que buscan un efecto de desestabilización, los cuales tienen un común denominador: el gozo de la impunidad.
En la década pasada, ahí se estableció una célula delincuencial vinculada al crimen organizado. De acuerdo con informes gubernamentales, la comandaba Benito Morales, alias “El Beny”, quien tras su paso como agente de la Policía Municipal de Nahuatzen se enroló con uno de los cárteles de la droga.
A esa célula criminal se le llegó a vincular con secuestros, extorsiones y cobros de piso, una escalada de delitos que, en 2016, empujó a pobladores a tomar la justicia en sus manos y detener a seis presuntos delincuentes, exhibirlos en la plaza principal y después entregarlos a las autoridades ministeriales, aunque después salieron libres.
Bajo ese contexto, en el año 2017 un grupo de estudiantes normalistas, fiel a su estilo, fiel a sus usos y costumbres, llevó a cabo el secuestro de varios vehículos de empresas particulares para exigir solución a sus demandas, un delito – ese, el del secuestro de unidades – que los aspirantes a maestros han normalizado en las últimas décadas en Michoacán, al amparo de esa impunidad que gozan y ejercen.
Ya no decir del bloqueo a vías ferroviarias y carreteras, federales o estatales; el saqueo de mercancías y, en no pocas ocasiones, la quema de autos o camiones, de carga y de pasaje, oficiales o de empresas. Ya no distinguen, ni se distraen en hacerlo. Saben que no habrá consecuencias.
En esa acción del 2017 decidieron llevar a Arantepacua los vehículos secuestrados. Y es que en ese lugar han encontrado el cobijo que, en el pasado, en Cherán les fue negado, para consumar sus ilícitos planes y dificultar la reacción de las autoridades ante el factor de alto riesgo que representa, políticamente hablando, una ofensiva policial en un pueblo originario de la Meseta Purépecha.
Pero en esa ocasión, hace ya cinco años, la Policía no tenía muchas opciones. Los choferes de las unidades secuestradas por los normalistas, habían difundido audios donde revelaban presuntas amenazas de muerte, de linchamiento, a manos de sus captores. Les decían que los quemarían vivos si sus empresas no retiraban las denuncias penales por el robo de los vehículos. Uno de los conductores se despidió de su esposa e hijas en uno de esos audios, temiendo que no saldría vivo.
Sin embargo, el operativo salió mal y terminó en un enfrentamiento a balazos que dejó cuatro comuneros muertos y siete policías lesionados, así como el aseguramiento de dos camionetas con reporte de robo, ligadas posteriormente en reportes ministeriales al grupo de “El Beny”. De hecho, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado endosó a ese grupo las primeras ráfagas de disparos que desencadenaron en el tiroteo de aquél 5 de abril del 2017.
Por esos hechos tampoco hubo detenidos y, a la fecha, las familias de los comuneros abatidos siguen exigiendo y esperando justicia. No les basta, dicen, la disculpa pública que ya el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que emitirá, como parte de siete acciones dirigidas a resarcir el daño que se le endosa a la pasada administración estatal.
Con esa bandera, “la del 5 de abril no se olvida”, un grupo de comuneros irrumpió el 19 de marzo en un evento sobre el Plan de Apoyo para Michoacán, que era encabezado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y exigieron la renuncia del Fiscal Adrián López Solís, quien fungía como Secretario de Gobierno cuando se decidió, en aquél 2017, la incursión policial en Arantepacua.
Y también con esa bandera, al amparo del primer lustro del operativo fallido, esta semana vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y el Palacio de Gobierno, reforzados, alentados e incitados por estudiantes normalistas y maestros de la CNTE. Trataron, incluso, de incendiar la puerta de la sede del Poder Ejecutivo, un inmueble de valor histórico y pieza del patrimonio cultural mundial.
Los ingredientes políticos que hay en torno a este tipo de movimientos, infiltrados por grupos externos, muchas veces ligados a actores políticos, hacen tentador trazar la teoría de que Arantepacua ya está más allá de las causas indigenistas y de las causas que buscan hacer honor a la justicia. Se ha convertido, trágica y peligrosamente, en instrumento de desestabilización.
Cintillo
El 10 de abril tampoco se olvida: el domingo hay una cita con la consulta de revocación de mandato, la cual llega envuelta en una tremenda polémica que, sea cual sea su desenlace, le dará a su máximo promotor insumos narrativos para seguir marcando la agenda y, de paso, buscar la estocada final al Instituto Nacional Electoral, en su genoma actual.
