Por: Staff
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2021.-El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja por violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región Sierra Costa y Tierra Caliente.
Los Presidentes Nacional y Estatal del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y Octavio Ocampo Córdova, respectivamente, presentaron este mediodía la queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para su investigación y recomendación al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
“Hoy levantamos la voz y nos solidarizamos por las familias que están siendo afectadas por la inseguridad, por todos aquellos que han sido desplazados. Esta queja es por la violación de los derechos humanos y también por la omisión que persiste, hay una omisión por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del estado”, expresó Octavio Ocampo.
Refirió que de acuerdo con información de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) del 2014 hasta ahora, han sido ya 60 mil desplazados que se han refugiado en Colima, Guadalajara, Jalisco, y en otros países; tan solo en Chinicuila la mitad de la población ha abandonado sus hogares.
“Ha y violación múltiple de los derechos humanos, el derecho a la salud, a la vida, el derecho al libre tránsito, a la seguridad e integridad de las personas, el derecho a educación de las niñas y niños”, acotó Octavio Ocampo.
En su intervención, el Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, sostuvo que la problemática e inseguridad se ha presentado a través de los años, sin embargo, a partir de la llegada de gobierno de Morena se ha agudizado la situación.
Zambrano hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que haga una investigación en esta región, que mande los visitadores y que haga las recomendaciones necesarias y a las instancias que corresponda.
Señaló también que la estrategia de “abrazos y no balazos” ha sido fallida, por lo que exhortó al gobierno federal replantearla.
“El gobierno de la República debe atender esta problemática de inseguridad, y no estar invirtiendo tiempo, recursos y atención a la farsa de consulta popular, porque andan más ocupados en levantar las firmas que en atender estos graves problemas que se viven en todo el país, especialmente en Michoacán, donde esta región es asolada por el crimen organizado”, remarcó Zambrano.
Queja por violación a los derechos humanos
En el documento dirigido a la Maestra. María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, se expone que por la inseguridad y el surgimiento de nuevos grupos delictivos se han afectado varios estados, especialmente Michoacán, de manera particular en los municipios de: Chinicuila, Aquila, Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán, Buenavista y Coahuayana, que se ubican en la región Sierra-Costa, han sufrido de manera grave los embates del crimen organizado.
Los habitantes han sido desplazados de su lugar de origen, dejando sus propiedades, trabajo, posesiones, ya que existe el temor fundado y zozobra constante, por lo que se atenta de manera diaria, de los Derechos de mérito, sin que las autoridades competentes, tales como el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, a través de las distintas dependencias e instituciones, tomen la batuta y emprendan tareas enérgicas, eficaces y Constitucionales, que devuelvan a la ciudadanía de estos municipios, la tranquilidad y por ende la restitución de los Derechos Humanos, que les han sido vulnerados.
Es por ello que se solicita al Poder Federal Ejecutivo y/o Ejecutivo Estatal garantice la integridad y el patrimonio de las personas, y se preserve el orden público y la paz social.
Se solicita se tramiten de manera urgente, las medidas cautelares que garanticen los derechos humanos a la vida, seguridad, salud, libre tránsito, telecomunicaciones, trabajo, y los que de ellos deriven por falta de los primarios aludidos, se considera la situación urgente por lo que ve con la gravedad del asunto, atendiendo que hay temor fundado y motivado, respecto de la vida e integridad de los ciudadanos residentes en la Sierra Costa.
De igual manera se giren medidas cautelares para la protección de la infancia lo anterior atendiendo al principio de interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4 Constitucional, mismo que se encuentra en riesgo por la situación de violencia que se ha manifestado en los hechos que anteceden.
