Por: Staff
En la Cámara de Diputados, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados, contó con el apoyo de prácticamente toda la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aprobar con 338 votos a favor, la minuta del Senado de la República con la nueva Ley Orgánica de la Armada de México.
En la votación general, la oposición se dividió.
Casi todos los priístas, 66 de ellos, incluyendo al coordinador Rubén Moreira, acompañaron el proyecto impulsado por Morena.
Tres priístas no se sumaron al proyecto
Los escasos tres priístas que no se sumaron fueron el diputado y presidente del partido, Alejandro Moreno; la diputada y secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, y el diputado Jorge Yunes Zorrilla.
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC), emitieron apenas 142 votos en contra.
Hubo dos abstenciones.
El coordinador de la fracción de MC, Jorge Álvarez, aseveró que esa votación revela la debilidad del bloque de oposición en la Cámara y que el PRI, le estará dando a Morena los votos que necesita para sacar adelante sus proyectos legislativos.
“Así se votó hoy la militarización del país. Morena y el PRI juntos, uniendo el legado de Peña Nieto al de López Obrador. Ahí tienen a sus “contrapesos” y a su “oposición”… ¿Y el voto útil?”, apuntó el congresista, en su cuenta en Twitter, @AlvarezMaynez
¿Militarización del país?
El debate en la Tribuna de San Lázaro, se centró en el dilema de si la nueva Ley de la Armada significa una mayor militarización del país.
Lo anterior, con el refrendo a facultades para intervenir en el control de puertos, zonas costeras y marítimas; realizar labores de inteligencia, y que la Unidad de Policía Naval se integre a la Guardia Nacional de manera permanente.
Esto, pese a que la Constitución, en los artículos referentes a la Guardia Nacional, señala que la Guardia Nacional intervendrá en situaciones extraordinarias, no ordinarias, en tareas de seguridad pública.
Las acusaciones mutuas por lo hecho en los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que mantuvieron la estrategia de sacar a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para enfrentar al crimen organizado; y lo sucedido en la presente administración, con la política de “abrazos no balazos” a la delincuencia y la persecución de los críticos.
