Ágora/ Jaime Martínez Ochoa
Las denuncias de que el crimen organizado decidió la elección en varias partes del país, sobre todo en Michoacán y Guerrero, no sólo provienen del gobernador Silvano Aureoles Conejo. Ciertamente, el michoacano ha sido el más enjundioso, pero junto con él, diversos personajes han señalado esta intromisión y la noticia ya ha salido en varios medios de comunicación.
No se trata, pues, de algo menor porque está en juego nada menos que la gobernabilidad del país. Por ello, las autoridades deberían tomarse con mayor seriedad este asunto, pues ya no se trata sólo de anular elecciones en lugares clave, entre ellos Michoacán, sino de evitar que este problema escale a nivel nacional.
Hacer de cuenta que no ha ocurrido nada, que las denuncias, los señalamientos, provienen de personajes que buscan vacunarse antes de tiempo o quieren pactos de impunidad, como se ha dicho de Silvano Aureoles, no es el camino, pues de fondo nos encontramos con una situación real de acoso a la democracia.
Tampoco se puede argüir que se trata de una estrategia electoral, pues el fenómeno del narco no es un rumor sino una realidad que se puede palpar todos los días en los diversos estados del país.
Una de las críticas que se han hecho al presidente López Obrador es que ha querido minimizar el tema del narcotráfico y sus implicaciones en la vida pública mexicana. Su política de “abrazos, no balazos”, es un mensaje claro: no quiero problemas. De ahí que, días después de la elección, se haya alegrado de que los narcos se hayan portado bien. Pero esta complacencia, además de empoderar a los narcos, que se sienten a gusto con el gobierno, tiene además un peligro aún mayor: que los delincuentes se sientan ya no con derecho a manipular elecciones para mantener su vida criminal, sino que quieran ellos mismos ejercer cargos de poder.
En este caso, México repetiría la experiencia de Colombia, donde los capos llegaron hasta los congresos, tomando decisiones vitales para la vida de ese país. Por lo tanto, debe haber desde lo más alto una política de estado en la que la lucha en contra del crimen organizado deba ser una prioridad. No es con abrazos sino con inteligencia, con trabajo profundo, como puede eliminarse esta grave problemática que nos mantiene hoy en situaciones similares a hace años.
Sólo cuando desde el Estado se entienda que el riesgo no es poco y que no obedece a coyunturas temporales, sino a una situación que ya viene de tiempo atrás, se podrá encontrar solución a este flagelo que no deja de crecer.
El presidente tiene en sus manos dar un manotazo: o toma con seriedad este asunto o mantiene su tónica de frivolidad. De persistir este segundo camino, lo que es más seguro, estaremos atestiguando, una vez más, que AMLO se guía más por sus prejuicios políticos que por sus deseos de combatir el mayor problema que enfrenta el país.
