Por: Martín Ramos
Los Órganos Constitucionales Autónomos, son aquellos cuya función de ninguna manera debe estar supeditada a algún Poder y va más allá de la concepción tradicional de la forma de gobierno republicana. Entre estos se encuentran el Banco de México, el INEGI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -al menos en teoría-, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral.
El desarrollo de las elecciones debe ser, desde luego, independiente, imparcial, objetivo y legal, tal y como reza el inciso b), fracción III del artículo 116 de la Constitución, cuestión que costó sangre durante el siglo XX, hasta 1988 cuando llegó al máximo fraude atribuido al ahora morenista Manuel Bartlett, lo que se tradujo en un insostenible nivel de cooptación de las instituciones. Esta crisis vio nacer al otrora IFE ciudadano, ahora Instituto Nacional Electoral.
Ahora, de manera normal, los gobiernos en el transcurso del tiempo se ven desgastados, lo que implica que en la siguiente elección, las mayorías en el Congreso se pierdan y obliguen al partido en el Poder a dialogar con otras fuerzas políticas para generar consensos, cosa que a muchos no les gusta. Lo anterior, no es desconocido para el Gobierno Federal, el cual ve su popularidad en franca caída y pone en riesgo el mantener las mayorías que necesita en el Congreso para mantener en ruta su supuesta “transformación”.
Ante una inminente pérdida de curules, la estrategia del régimen ahora es desacreditar al árbitro, esto para enrarecer el ambiente electoral e intentar deslegitimar a la oposición ganadora. Esta conducta de ninguna manera es democrática, ya que atenta contra el sistema y constituye una intentona de lapidar a la autoridad en la materia, a la cual el propio Ejecutivo se debe someter. No vivimos en una monarquía en la que el Rey es el soberano; vivimos en una democracia republicana y constitucional cuya soberanía reside en el pueblo y será este quien decida en 2021. Si morena gana a la buena adelante, pero si intenta desacreditar y alegar fraude en un proceso en el que no se le reconoce como ganador, como es de costumbre para el tlatoani de Macuspana, habrán mexicanos dispuestos a defender las institucionales y salvaguardar a la Democracia.
Amedrentar a las autoridades no es la respuesta a las pretensiones presidenciales; la respuesta es estar a la altura del cargo y enfrentar las responsabilidades que le fueron encomendadas por mandato popular. Enfóquese a gobernar y en lugar de pensar en el proceso electoral, céntrese en resolver el COVID, ya que sin resolver éste último quizás no lleguemos a aquel.