Por: Hugo Rangel Vargas
En días pasados el dirigente nacional de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, dio a conocer un documento sobre una serie de reflexiones que abonan al debate sobre el rumbo que debe definir al país de cara a la post pandemia. Sin embargo, particularmente una de ellas, desató una serie de polémicas derivadas de una lectura torcida y manipulada que algunos medios de comunicación hicieron al respecto.
En el documento, el zacatecano sugiere lo siguiente: “El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. (…) La información por deciles es buena. Pero se requiere descomponer la composición del X decil y ver los componentes y lo estratos que lo integran. El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.
La tergiversación de este planteamiento llegó al ridículo de señalar que el dirigente proponía que el personal del INEGI entrara a viviendas y establecimientos, ello quizá con la intencionalidad de eludir el fondo del debate: la profunda concentración de la riqueza que hay en el país, misma que deriva de un régimen de privilegios al que la llamada 4T aún no toca a cabalidad y que sigue acentuando las brechas entre ricos y pobres.
Sin los reflectores de Keynes, quizá debido a su origen polaco o bien a la influencia que tuvieron en su obra las tesis marxistas, en el siglo pasado el economista Michal Kalecki escribió una brillante obra denominada “Teoría de la Dinámica Económica”. Con un nivel de análisis mucho más complejo que el de Keynes, Kalecki distingue dos clases sociales en su modelo (capitalistas y trabajadores) y en base a ello una distribución del ingreso.
Grosso modo, la conclusión a la que llega Kalecki es significativa y aporta al debate sobre la necesidad de estudiar la concentración del ingreso en economías contraídas como la mexicana: una distribución del ingreso nacional que favorezca a los trabajadores estimula el crecimiento de la economía, dado que esta clase social tiene una propensión a consumir mucho más elevada que los capitalistas. Una mejor distribución del ingreso nacional deriva en un mayor consumo de los trabajadores, aumentando así la demanda efectiva, la mayor demanda efectiva incentiva el crecimiento de la inversión y con ello el de la economía en su conjunto.
En efecto, uno de los escollos fundamentales de la tendencialmente menor tasa de crecimiento de la economía mexicana es la enorme brecha de ingresos entre ricos y pobres, misma que ha derivado en una hiperconcentración de la riqueza. Según datos de la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares de 2016, el 10 por ciento de las personas más ricas de México concentran el 36.6 por ciento del ingreso de los hogares, y durante 2017, tan sólo Carlos Slim y German Larrea poseían el equivalente de la riqueza del 60 por ciento de mexicanos más pobres del país.
Esta realidad lastima a millones de familias mexicanas y es una limitante del crecimiento y la competitividad de toda la economía nacional. Por ello es que ante la debilidad estructural de las finanzas públicas que ha desnudado de manera más cruda la pandemia, es urgente hacer una reflexión sobre el papel del estado en la redistribución del ingreso y en la construcción de un régimen de bienestar y equidad social.
De fondo, y más allá de las interpretaciones maliciosamente sesgadas sobre la propuesta de Ramírez Cuéllar, es urgente conocer el proceso con el que se han acumulado semejantes fortunas en el país e impedir que esto siga ocurriendo, a través de una política fiscal que dote de justicia social a México; no en perjuicio de los ricos, pero sí en beneficio de los pobres y de la economía toda, tal como lo planteó en el siglo pasado Michal Kalecki.
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