Por: Hugo Rangel Vargas
Por décadas se construyeron y depuraron los códigos del régimen presidencial mexicano en cuyas normas se encuentra el que un Presidente considera, por la vía de los hechos, intocable a su predecesor. Este pacto de impunidad se ha mantenido vigente y quizá desde que al inicio de la administración de Ernesto Zedillo fue apresado Raúl Salinas de Gortari, nunca había estado tan cerca de la guillotina de la justicia un expresidente como hasta ahora.
El juicio que se ha formulado en contra de la ex titular de dos secretarías en la administración de Enrique Peña Nieto tiene diversas aristas que podrían desvanecer la suspicacia de que se trata de una reyerta política, sin embargo, podría ser una oportunidad inmejorable para que la Cuarta Transformación dé un golpe de timón y establezca un rompimiento histórico con el pasado en materia de combate a la corrupción y de la lucha contra la impunidad.
Si bien es cierto que las denuncias por los desvíos de recursos de los que se acusa a Rosario Robles forman parte de un enorme entramado que abarca a exfuncionarios de diversas dependencias y universidades; y que resulta sospechoso que una férrea opositora a López Obrador sea la primera en caer en prisión, aunque sea de forma preventiva; también es cierto que las investigaciones y actuaciones legales que derivaron en este hecho, provienen de la administración anterior, por lo que difícilmente se puede sustentar una hipótesis de persecución política.
Una vez que la coyuntura ha puesto en capilla a Robles y que el hilo de las sospechas e indagatorias podrían llegar al mismísimo ex presidente Peña Nieto, convendría preguntarse si la administración de Lopez Obrador concretaría este acto de rompimiento con los codigos de impunidad del régimen presidencial, si administrará las revelaciones que arrojen las investigaciones con una lógica política, o bien, si será Robles la única que pague los platos rotos.
El florentino Nicolas Maquiavelo podría tener una luz sobre el comportamiento que debiese seguir el Presidente de México, si es que su lógica se mueve en base a la razón de Estado: “Permítame llamar buen uso de los actos de rigor el que se ejerce con brusquedad, de una vez, sin continuarlos luego y tratando de encaminarlos a la mayor utilidad de los gobernados. Es menester que el que adquiere un Estado ponga atención, en los actos de rigor que le es preciso ejecutar para ejercerlos todos de una vez e inmediatamente, a fin de no verse obligado a volver a ellos todos los días”.
La determinación del juez de decretar prisión preventiva a Robles Berlanga es vista por muchos juristas como un acto de rigor excesivo, estimulado por la petición de la fiscalía; más aún cuando la acusada pudo haber sido sólo un instrumento para el cometido de desvío millonario de recursos, cuyo destino no ha se aclarado. Esta acto de severidad sólo tendrá provecho para la Cuarta Transformación y para la razón de Estado lopezobradorista, sólo si alcanza el nivel más alto de complicidad con el ilícito que se denuncia: el del presidente Enrique Peña Nieto.
De quedar hasta el enjuiciamiento de Robles, los alcances de la determinación quedarán limitados al sacrificio de un simple chivo expiatorio. Sin embargo, si se utiliza la información que deriven de las pesquisas para administrar en el tiempo la justicia en función de otros cálculos; el régimen naciente, parafraseando a Maquiavelo, “mantendrá de continuo la cuchilla en la mano”, con el consecuente costo político que ello implica.
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