Por María Guadalupe Pineda Gutiérrez
Saltillo, 21 Abr (Notimex).- Julissa, de 19 años de edad, fue mostrada desnuda en las redes sociales. Vivía en Monclova y la culparon, en el trabajo, escuela y familia de esa “vergüenza”, por lo que decidió suicidarse con un cable de teléfono en el baño de su casa.
Es la primera víctima documentada en México del delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, señaló Olimpia Coral Melo, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad.
La activista, responsable de la llamada Ley Olimpia, que busca proteger a las mujeres y niños del ciberacoso y garantizar una vida libre de violencia en cuanto al espacio digital, indicó que Coahuila generó en los primeros 15 días de marzo una alerta, por el número de casos reportados de acoso digital en la plataforma defensorasdigitales.org.
Expuso que de la muerte de Jaqueline Martínez deben responsabilizarse todas las personas que dieron “like” a sus fotografías expuestas en Facebook y las compartieron, así como aquellos que la victimizaron en su entorno social.
La defensora de los derechos de las mujeres e igualdad de género, señaló que en Coahuila recibieron 18 llamadas de denuncias sobre violencia digital, en los primeros 15 días de marzo, cuando en promedio suman nueve en todo el país.
En este estado, el pasado 20 de marzo, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) presentó un protocolo de acción para evitar el acoso sexual en la institución, luego de un ejercicio estudiantil impulsado por mujeres de la Facultad de Jurisprudencia, que derivó en la detección de diferentes casos a través de internet y físicamente.
“El protocolo que hicieron en la universidad es una iniciativa para visibilizar a un grupo de estudiantes en riesgo, estamos al pendiente de lo que sucede en Coahuila”, dijo Olimpia Coral Melo.
Consideró que es un avance, pero estos casos podrían haberse evitado, como el de Jacqueline, “quien fue asesinada mediáticamente”.
Al respecto, Magda Jaimes, encargada de Equidad de Género de la institución educativa, señaló que el protocolo está enriquecido con uno de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAdeC, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otros.
Refirió que, para atender esta problemática, se instauró un comité de 18 maestras y alumnas de la universidad, quienes “estudiamos el protocolo, lo complementamos y el 20 de marzo fue a dado a conocer por el rector Salvador Hernández Vélez”.
Indicó que el protocolo establece los mecanismos de prevención y las situaciones de emergencia, en donde se aplica una atención inmediata a las denuncias y se emiten resoluciones del comité contra la violencia de género.
La académica expuso que participan especialistas en medicina, psicología, derechos humanos, trabajo social y equidad de género, para canalizar las denuncias del buzón universitario y atender de inmediato a la denunciante.
Refirió que las denuncias son anónimas y, a lo largo de la investigación, se protege la identidad de las personas que presentan una queja, como sucedió con las 36 que expusieron las alumnas de la Facultad de Jurisprudencia, que ya fueron canalizadas a la Fiscalía estatal, el Instituto Coahuilense de las Mujeres, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y Derechos Humanos.
Al respecto, Alfonso Yáñez Arreola, defensor de Derechos Humanos de la UAdeC, indicó que además de la competencia universitaria, el tema es el principio de legalidad en la institución y, de las 36 denuncias, hay cuatro casos en etapa ministerial (investigación) y uno vinculado a proceso en el Poder Judicial.
En tanto, la Comisión de Honor y Justicia de la institución educativa suspendió al director de una escuela, y un profesor presentó una licencia para coadyuvar a las instancias legales en las indagatorias, en un ámbito de claridad.
El defensor de Derechos Humanos señaló que tiene un año en funciones, y la agenda temática desde su nombramiento ha estado vinculada a la temática de equidad de género, con visitas a las 59 escuelas con que cuenta la universidad.
Sobre las pláticas en la institución para generar conciencia entre alumnos y profesores, respecto a la necesidad de evitar el acoso sexual, ambos académicos indicaron que se estableció una agenda para la educación integral de los alumnos.
“Es un tema que no es exclusivo de la universidad”, señalaron, y han notado un ejercicio de empoderamiento entre las mujeres y mayor confianza, por el acompañamiento y medidas cautelares que brinda la institución educativa en todos los casos.
En la UAdeC hay 37 mil estudiantes, 58 por ciento son mujeres y 42 por ciento hombres, pero hay escuelas en las que 90 por ciento son hombres, como en la de Ingeniería, por lo que continuarán las políticas de articulación propicias, como la Semana de la Mujer, el buzón de denuncias, el apoyo de autoridades y participación de colectivos, para que las iniciativas que tome la universidad se extiendan a la sociedad de Coahuila, expuso Yáñez Arreola.
Indicó que la iniciativa estudiantil y de las autoridades universitarias busca poner fin a la violencia de género en todas sus modalidades, dentro y fuera de las aulas.
Al respecto, Olimpia Coral Melo, consideró que es un avance, pero estos casos podrían haberse evitado, como el de Jaqueline, “quien fue asesinada mediáticamente”.
Resaltó que el protocolo constituye una acción en Coahuila, de todas las que se necesitan para lograr una reforma constitucional en el estado para tipificar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el ciberacoso y prevenir la violencia digital de género, sin la intervención de los partidos, con las firmas de ciudadanas y ciudadanos.
Expresó que el protocolo puede ser mejorado, aunque es una buena alternativa para la visibilización del tema, sirve para empezar a sensibilizar a los maestros, estudiantes y directivos de las instituciones, sobre lo que no se puede permitir.
“Podemos tener cientos de reformas constitucionales y protocolos,
pero si no llega a la conciencia de las personas no servirán, es un trabajo que se debe hacer de raíz”, expresó.
Expuso que, en Monclova, Jaqueline fue desconocida por las instituciones, y muchas otras mujeres en municipios de Coahuila denunciaron casos de violencia digital en la plataforma durante el mes de marzo.
Explicó que tienen documentados 300 casos, desde 2014 a la fecha, de acoso digital; los primeros lugares los ocupan la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, pero en las últimas dos semanas, las denuncias se dispararon en Coahuila.
El Frente Nacional para la Sororidad fue fundado por la activista en 2016 y reúne a 30 colectivos con presencia en 12 estados del país, y surgió de un pacto entre amigas, para luchar contra la violencia digital. La alianza refuerza el combate contra la violencia de género cibernética.
Expresó que la Ley Olimpia es un proyecto de reforma para erradicar y prevenir la violencia digital, para tipificar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que se aprobó en Puebla, el 3 de diciembre de 2018, y la segunda vertiente es tipificar el ciberacoso, lo que se obtuvo el pasado 13 de marzo.
En Zacatecas se reconoció la violencia en la vida digital, dentro de la ley de acceso a una vida libre de violencia y, en Chiapas, se tipificó la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Olimpia es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, y comenzó esta lucha después de un tema personal en 2014, cuando tras una denuncia se dio cuenta de que había una laguna legal, por lo que inició una investigación de los casos, de los que tiene varias carpetas.
A la activista, su expareja le publicó fotos íntimas en redes sociales y, después de acudir a las autoridades, le informaron que no había causa legal para la persecución del delito.
“Cambiaron mi nombre a ´Olimpia, la Gordibuena de Huauchinango´ y pusieron mis fotos en las portadas de sus medios, me culparon, explotaron sexualmente, fui considerada una prostituta de internet y me ofrecieron como prostituta virtual”, dijo.
Señaló que su mamá fue la causa por la que inició la lucha, “al saber lo que sucedió, a pesar de vivir en un pueblo con carencias y machista, me dijo que todas tenemos sexo, que no tenía nada de malo, que me condenaban porque lo habían publicado”.
Expuso que de allí viene el concepto de sororidad, que significa pacto entre mujeres, recién aceptado por la Real Academia Española (RAE).
