Por: Teresa Da Cunha Lopes / Grupo Crónicas Revista
No tengo absolutamente nada en contra de una reforma de la Justicia. Más, pienso que esta reforma es urgente y saludable. Esto, porque tenemos que erradicar «la sospecha » y la controversia que generan las intromisiones de los otros dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, en la designación de los ministros de la Corte, del TEPJF, en los Tribunales del Contencioso Administrativo, Juntas de Conciliación y Arbitraje, etc.
En el presente estado de las cosas, el Poder Judicial aparece como estando a las órdenes del poder en turno, a la merced de los juegos de poder entre el mandatario y las mayorías parlamentarias, rehén de los equilibrios entre bancadas y de la repartición de cuotas ( ver proceso de designación de los Ministros de la SCJN o, a nivel Estatal, lo de la designación de los magistrados del contencioso administrativo).
Hoy, vivimos en un falso equilibrio entre el derecho y la política, un extraño concepto de independencia bajo «curatela» de quienes tienen el poder de votar los presupuestos anuales y de quienes negocian «ternas» y plazas, o sea vivimos, lo que, eufemísticamente, llamaré de «sumisión independiente».
Además del hecho de que la noción de «independencia incompleta» (o sumisión independiente) es un disparate legal (ya que esta garantía fundamental, que solo puede existir o no, obviamente excluye cualquier idea de graduación), pero un hecho bien REAL, la decisión de reformar a la Justicia, siempre y cuando esta reforma REFUERCE su independencia frente a los otros dos poderes, solo puede ver saludable y deseable.
Para invalidar esta realidad y, de paso neutralizar los efectos de la actual narrativa política (altamente hostil ), debemos reformar la justicia y reconocer su PLENA independencia. Un modelo interesante para un posible reajuste del proceso de designación de la corte es el del Tribunal Constitucional alemán (Federal).
Eliminaríamos, así, esa sombra de sospecha eterna y mortificante de parcialidad y colusión.
Solo entonces, con una reforma REALMENTE pensada para producir una plena independencia, podríamos emerger, de una vez por todas, tanto de esta rutina de una independencia incompleta, como de la hipocresía de no reconocer el fundamental papel político de garante del pacto constitucional al Poder Judicial.
Pero, en su revés, el congreso de la Unión ha optado por una degradación de la imagen de la justicia al no reconocer, por ejemplo, a los fiscales (ej.: Fiscal General) la independencia y la profunda consideración que nuestra sociedad democrática les debe.
Sería importante que el Congreso de la Unión, vote, a partir de ahora, para garantizar que se elimine la sospecha y la controversia, para que finalmente se fortalezca la plena independencia de la Justicia. Sería un enorme avance en términos de democracia.
Sin embargo, los obstinados guardianes de la tesis de la sumisión “necesaria” de la fiscalía al poder ejecutivo y, fomentadores del ataque mediático y de la intox en redes sociales contra la SCJN parece que ganaron, momentáneamente la primera escaramuza política. A pesar de eso, ya no pueden, de buena fe, afirmar que la emancipación del fiscal generaría inevitablemente una justicia “desigual” a menos que esos mismos(as) legisladores(as) cuestionen su promesa original de servir fielmente, como debería ser en un estado de derecho, la expresión de la voluntad general. Ahora bien, los mexicanos(as) los votaron para construir una democracia plena no para una deriva autoritaria.
En un momento en que algunas naciones tienden a liberarse de los principios del estado de derecho, cuestionando la independencia de la justicia en su país, limitando la libertad de los medios y reduciendo el acceso al derecho fundamental de asilo, debemos revindicar en México, el espíritu de las reformas constitucionales de junio del 2011.
En esa reforma, que colocó en el centro del sistema de impartición de Justicia el paradigma del “bloque constitucional de los derechos humanos”, hay un mensaje que debería darnos claves para leer el presente y guiar nuestra acción para el futuro: no regresar al pasado.
Ese 2011, como puente entre las tragedias del pasado y las nubes que vemos acumulando, nos invita a reafirmar la universalidad y la permanencia de los derechos fundamentales. A exigir una ampliación de las reformas para una integración plena de sus principios en todas las órdenes de gobierno. Un refuerzo de la independencia entre los tres poderes, no un retroceso a la “presidencia imperial”.
