76 Legislatura amplía medidas de protección a víctimas de violencia

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado adicionaron diversas disposiciones en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, a fin de fortalecer las medidas u órdenes de protección a favor de las víctimas de violencia.

Las comisiones unidas de Igualdad Sustantiva y de Género con la de Justicia de la sometieron a consideración del Pleno el Dictamen elaborado sobre la propuesta del diputado Juan Pablo Celis Silva con la que se amplían el catálogo de medidas u órdenes de protección de naturaleza administrativa, a efecto de prever la desocupación inmediata de la persona agresora del domicilio conyugal o del lugar donde habite la víctima.

Con la modificación al artículo 62, en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, las y los legisladores michoacanos establecieron entre las medidas u órdenes de protección administrativas, que durante la desocupación de la persona agresora, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, el Ministerio Público brindará el acompañamiento necesario y, en caso de oposición del presunto agresor, solicitará el auxilio de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de dicha medida.

Con la incorporación del inciso XI Bis, mandatan resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir a la mujer, a sus hijas, hijos o personas significativas para ella, en situación de violencia y, en su caso, solicitar a la autoridad competente que se realice el procedimiento de revocación de la licencia de armas de fuego, si existiere; con el propósito de prevenir la reiteración de conductas violentas y salvaguardar su integridad.

Asimismo, a través del Artículo 65 Bis, en la ley se definió que en los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad pública, ya sea de corporaciones públicas o privadas, el aseguramiento del arma asignada se realizará de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En las Consideraciones del Dictamen, las y los integrantes de ambas comisiones coincidieron que dichas modificaciones fortalecen el régimen de medidas de protección.

“En consecuencia, estimamos procedente su incorporación al marco jurídico estatal, al ampliar las atribuciones del Ministerio Público y robustecer los mecanismos de protección inmediata en favor de las víctimas de violencia, privilegiando en todo momento su seguridad, integridad y acceso a la justicia”, detallaron.

Juan Pablo Celis en su Exposición de Motivos indicó que dichas medidas de seguridad serán de manera permanente y continua hasta que se logren recuperar las condiciones de máxima seguridad de las víctimas; y, no podrán ser disminuidas ni mucho menos eliminadas, si no se tiene la plena certeza de que la victima de este delito o sus descendientes ya no corren peligro alguno.

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