Por: Diego Donaldo Chávez Palmerín/ Columna, El Último Llamado
Durante décadas se asumió que la democracia estaba a salvo mientras existieran leyes, elecciones y procedimientos formales. Hoy esa certeza es, cuando menos, ingenua.
La experiencia comparada demuestra que la legalidad, por sí sola, ya no garantiza la democracia.
Los regímenes contemporáneos no necesitan romper el marco jurídico para concentrar poder. Al contrario, lo utilizan. Reforman leyes, reinterpretan normas, rediseñan instituciones y preservan una apariencia de orden constitucional que les permite gobernar sin contrapesos reales. Todo es legal. No todo es democrático.
Este es el punto que suele perderse en el debate público. Se discute si una decisión “está permitida”, pero rara vez se analiza si rompe el equilibrio institucional. Se celebra que un cambio haya pasado por el Congreso, sin preguntar si ese Congreso conserva autonomía. Se defiende que una reforma fue votada, sin evaluar si el árbitro que valida el proceso sigue siendo independiente.
La democracia no muere cuando se violan las leyes, sino cuando las leyes se convierten en instrumentos de permanencia del poder. Ahí comienza una etapa más compleja y difícil de enfrentar, aquella en la que todo ocurre dentro del marco legal, pero fuera del espíritu democrático.
En estos contextos, el problema no es la ausencia de normas, sino la desaparición de límites. Cuando los órganos encargados de arbitrar elecciones, impartir justicia o vigilar al poder pierden autonomía, la legalidad se transforma en una formalidad vacía, por no decir oficialía de partes.
El sistema sigue funcionando, pero ya no corrige. Administra.
México no enfrenta un dilema teórico, sino práctico. La discusión central no es si las reformas son legales, sino qué tipo de Estado producen. Un Estado donde la ley existe sin contrapesos es un Estado donde el poder deja de rotar y empieza a consolidarse.
La confusión entre legalidad y democracia ha sido históricamente costosa. Muchos países conservaron constituciones impecables mientras vacían de contenido sus instituciones. Cuando la sociedad quiso reaccionar, descubrió que todos los caminos estaban cerrados… legalmente.
Por eso el debate democrático serio no puede quedarse en el cumplimiento formal de la norma. Debe preguntarse quién diseña las reglas, con qué incentivos y con qué límites. Defender la democracia hoy no es repetir consignas, sino proteger la arquitectura institucional que impide que la ley se convierta en coartada del poder.
Cuando la legalidad deja de ser garantía democrática, el problema ya no es jurídico. Es político. Y resolverlo exige algo más incómodo que aplaudir reformas o denunciar abusos, exige defender los contrapesos antes de que su existencia sea solo un recuerdo normativo …
