Sala de prensa | Opinión
Por: Richard Guevara Cárdenas
El debate sobre la reforma electoral anunciada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha convertido, incluso antes de conocerse un proyecto formal, en el primer gran campo de confrontación política de su sexenio. Lo que debería ser una discusión técnica e institucional ha derivado en una batalla simbólica cargada de desconfianza, donde la oposición ha bautizado la iniciativa como “Ley Maduro”, mientras el oficialismo rechaza cualquier insinuación autoritaria.
Desde la narrativa opositora, la preocupación no gira únicamente en torno a ajustes menores del sistema electoral, sino a una posible reconfiguración estructural de las reglas de la representación política. El calificativo de “Ley Maduro” no surge de manera gratuita: hace referencia a la experiencia venezolana, donde reformas legales y electorales, aprobadas bajo marcos formales de legalidad, terminaron restringiendo derechos políticos fundamentales, debilitando la competencia real, inhabilitando liderazgos opositores y concentrando el poder en el Ejecutivo. En ese marco comparativo, los críticos advierten que modificar las reglas electorales sin consensos amplios puede abrir la puerta a mayorías artificiales y a una erosión progresiva del pluralismo político.
El señalamiento, por tanto, no apunta a una equiparación automática entre México y Venezuela, sino a una advertencia simbólica: cuando las reglas de la competencia política se alteran desde la lógica del poder y no desde el consenso democrático, los derechos políticos suelen ser los primeros en resentirlo.
Del otro lado, el gobierno y Morena defienden la reforma como un ejercicio de democratización. La presidenta Sheinbaum ha insistido en que el objetivo es ampliar derechos, fortalecer la representación popular y terminar con prácticas que han convertido a las listas plurinominales en espacios de cuotas, dedazos y privilegios de las cúpulas partidistas. Desde esta óptica, el problema no es la pluralidad, sino un sistema que permite que legisladores accedan al poder sin hacer campaña, sin recibir votos directos y sin rendir cuentas efectivas a la ciudadanía.
Ambas posiciones contienen argumentos atendibles y, al mismo tiempo, riesgos evidentes. Es innegable que el sistema electoral mexicano arrastra distorsiones acumuladas durante años: sobrerrepresentación, uso patrimonial de cargos, financiamiento excesivo y una creciente desconexión entre representantes y representados. También es cierto que los mecanismos de representación proporcional han sido clave para garantizar la inclusión de minorías políticas y evitar que una sola fuerza capture por completo el Congreso.
Por ello, la discusión de fondo no debería centrarse en etiquetas ni comparaciones extremas, sino en un principio elemental: toda reforma electoral auténticamente democrática debe orientarse a ampliar derechos políticos, no a estrecharlos. El dilema no es si el sistema debe reformarse, sino cómo hacerlo sin erosionar la confianza ciudadana en las reglas del juego.
El contexto político añade complejidad al debate. La presidenta Sheinbaum enfrenta una agenda particularmente exigente: una relación delicada con Estados Unidos, desafíos económicos persistentes, una crisis de seguridad que no admite treguas y la organización del Mundial de Fútbol de 2026. A ello se suma la definición de candidaturas de Morena en buena parte del país rumbo a las elecciones intermedias de 2027. En ese escenario, algunos analistas advierten que la reforma electoral podría responder no solo a una convicción institucional, sino también a una necesidad estratégica del partido gobernante para blindarse ante un eventual desgaste político.
Aquí emerge una pregunta inevitable: ¿vale la pena abrir un frente de polarización en un tema tan sensible como las reglas electorales cuando el país enfrenta prioridades urgentes? Las reformas electorales que han fortalecido la democracia mexicana se han construido históricamente mediante amplios consensos, negociación política y participación plural. Romper con esa tradición implicaría asumir costos políticos elevados y sembrar dudas innecesarias sobre la imparcialidad del sistema.
Conviene subrayar que buena parte del debate actual se desarrolla sobre declaraciones y percepciones, más que sobre un texto concreto. La propia presidenta ha reconocido que no existe consenso pleno, incluso dentro de su movimiento, sobre la eliminación total de los legisladores plurinominales, y ha dejado abierta la puerta a ajustes. Esa apertura debería ser aprovechada para construir una reforma incluyente y transparente, no para profundizar la confrontación.
La referencia a Venezuela, en este contexto, funciona como recordatorio de un proceso donde la erosión de los derechos políticos no ocurrió de un día para otro, sino mediante cambios legales graduales, aprobados bajo discursos de democratización. De ahí que la discusión mexicana deba centrarse menos en descalificaciones y más en salvaguardas institucionales claras.
La democracia no se debilita únicamente cuando se concentran los poderes; también se erosiona cuando la desconfianza sustituye al debate razonado. Llamar “Ley Maduro” a una iniciativa inexistente puede ser tan irresponsable como impulsar cambios estructurales sin escuchar advertencias legítimas.
Corresponde a la presidenta, más allá de compromisos partidistas o herencias políticas, decidir qué tipo de liderazgo quiere ejercer en este momento país: uno orientado al consenso democrático y a la estabilidad institucional, o uno dispuesto a asumir el costo de una polarización profunda en torno a las reglas electorales.
Obvio en política, los resultados importan. Pero en democracia, las reglas y la confianza en ellas importan aún más. Y esa confianza, una vez quebrada, no se reconstruye con facilidad.
Richard Guevara Cárdenas
Ex diputado venezolano radicado en México
Consultor y analista político de campañas, gobiernos y elecciones en América Latina
X @richard_guevara
