Por: Diego Donaldo Chávez Palmerín/ El Último Llamado.
Hay años que no pasan, se quedan.
Para Michoacán, ese año fue 2021, y aunque la narrativa oficial se encargó de vestirlo de “transición democrática”, la memoria de quienes recorrimos el estado y las resoluciones del Tribunal Electoral cuentan una historia muy distinta.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-JRC-166/2021, 167/2021 y 180/2021, anuló la votación completa de varios municipios. Lo hizo por “circunstancias extraordinarias que vulneran la libertad del voto”.
Ese es el eufemismo jurídico para lo que en territorio era evidente, el proceso no fue libre ni normal.
Quienes estuvimos en la operación política de 2021 lo entendimos antes de que los magistrados lo escribieran, hubo regiones donde la política dejó de ser política y se convirtió en supervivencia.
Comités que cerraron sin explicación, operadores que ya no contestaban, estructuras que colapsaron no por errores estratégicos, sino porque había algo más fuerte que la campaña misma, el miedo.
El crimen organizado no fue un rumor ni un fantasma, fue un actor, y lo más grave, un actor determinante.
Los propios documentos oficiales acreditan lo que todos veíamos, municipios donde la voluntad ciudadana fue sustituida por instrucciones de otros, zonas donde votar significaba exponerse, regiones donde la elección dejó de existir antes de abrir las casillas.
Como escribió Héctor Aguilar Camín en aquellos días, en crónicas recogidas por operadores, periodistas y ciudadanía:
“Si se les ocurre ir de chismosos… van a ver las consecuencias.”
No era una metáfora, era el clima electoral.
Y aquí está la parte que nadie quiere mirar de frente. El Michoacán de 2025 no se explica por sí mismo, se explica porque el 2021 abrió la puerta que hoy nadie sabe cerrar y cuando una elección se gana bajo presión criminal, esa presión no desaparece con el triunfo y se convierte en costo de origen, en expectativas, en territorio cedido, en decisiones condicionadas y en silencios obligados.
Esa es la raíz del Michoacán que hoy agoniza.
Un estado donde las cifras de violencia, los homicidios y el control territorial no son fenómenos nuevos, son la consecuencia de un pacto “involuntario” sellado en 2021, cuando la democracia quedó supeditada a fuerzas que no aparecen en las boletas, pero sí en los expedientes.
Este relato no es de suposiciones, va desde el pleno conocimiento del orden del estado, de la construcción de las alianzas, de la vivencia de cómo se vaciaban regiones completas a medida que avanzaba la campaña, de cómo existen zonas donde no se podía competir y zonas donde no se podía ni entrar.
2021 no fue una elección. Fue un parteaguas.
Y el problema de los parteaguas es que dividen la historia en un antes y un después.
El “antes” ya lo conocimos, el “después” lo estamos viviendo.
La memoria no es revanchismo, es diagnóstico; y si Michoacán quiere un futuro distinto, tiene que empezar por reconocer la noche donde se torció el rumbo, la noche donde la democracia perdió más que una gubernatura.
El reloj político del estado sigue marcando 2021, y hasta que no enfrentemos esa verdad, seguiremos administrando las consecuencias de un silencio que ya no se puede sostener.
