Por Manolo Padilla
En tiempos donde la política suele moverse al ritmo del cálculo, y donde el miedo a incomodar ha domesticado incluso a las instituciones, la escena protagonizada por la maestra Mariana Sosa Olmeda frente a los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Michoacán tiene un peso que trasciende el incidente. No fue solo una funcionaria reclamando vehículos retenidos; fue una autoridad educativa reivindicando el sentido mismo de la educación pública: formar ciudadanos, no justificar delincuentes.
Con firmeza —pero sin arrogancia—Mariana Sosa se plantó frente a jóvenes embozados y les dijo lo que muchos funcionarios no se atreven ni a pensar:
“Aquí quiero estudiantes, no vándalos. Aquí se viene a estudiar.”
Esa frase, tan simple y tan poderosa, se convirtió en una declaración política y moral. Porque en Michoacán, y particularmente en el sistema de normales, el miedo institucional a confrontar la anomia disfrazada de lucha social ha permitido que el secuestro, el robo y la violencia se normalicen como “formas de protesta”.
Lo que hizo la directora del IEMSySEM no fue un acto de provocación, sino de dignidad institucional. Fue el recordatorio de que la educación no puede ceder ante la extorsión ni la anarquía. Que la rebeldía sin ética no educa, destruye.
En su intervención, Mariana Sosa no negó el derecho a la inconformidad. Al contrario, recordó que las mesas de diálogo estaban abiertas desde días atrás. Pero fue clara al trazar el límite: el derecho a manifestarse no incluye el derecho a robar ni a retener personas.
Su valentía expone también el vacío que deja un Estado temeroso de sus propias juventudes. Porque cuando una autoridad tiene que acudir personalmente, acompañada solo de un pequeño equipo, a enfrentar el caos que otros prefieren ignorar, lo que está en juego no es un camión retenido, sino la autoridad moral del Estado.
Mariana Sosa Olmeda encarnó en esa tarde una verdad que incomoda: no hay transformación posible desde la impunidad. No hay pedagogía que florezca donde el vandalismo se celebra como rebeldía y donde la autoridad calla por miedo al conflicto.
Su gesto no resolverá de inmediato la crisis estructural de las normales ni la cultura de la protesta sin causa. Pero sí marca una línea, una frontera moral. Y en un país que se ha acostumbrado a borrar las fronteras entre lo legal y lo ilegítimo, eso ya es una forma de resistencia.
Ojalá más funcionarios en Michoacán —y en México— entendieran que educar también implica tener el valor de decir “basta”.
Epílogo
Al final, la escena quedó clara: una maestra enfrentando a quienes dicen ser “revolucionarios”, pero que no liberan conciencias, sino camiones. Jóvenes que se envuelven en la bandera del pueblo mientras saquean los productos de una empresa privada, convencidos de que la justicia social se mide en cajas de refrescos robadas.
Quizá lo más triste no sea su extravío, sino la complicidad silenciosa de quienes los miran con indulgencia, como si la delincuencia juvenil fuera una forma de romanticismo. En Michoacán —tierra de maestros de verdad, de hombres y mujeres que educan con el ejemplo—, estos aprendices de vándalos no representan la rebeldía, sino su caricatura.
Y mientras unos pintarrajean el concepto de lucha, Mariana Sosa Olmeda les recordó algo que parece revolucionario en estos tiempos: que estudiar no es delito, y robar sí.
Qué ironía. En un país donde muchos se esconden detrás de los discursos, tuvo que ser una mujer —con voz firme y sola frente a una turba— quien nos recordara que la educación sin valores no emancipa: corrompe.
