El Último Llamado/ Diego Donaldo Chávez Palmerín
Mientras en Palacio Nacional siguen hablando de «soberanía», Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres. No es un detalle menor ni un capricho diplomático. Es un mensaje directo: hay algo que no cuadra en su entorno. Torres, operador cercano al presidente y con pasado en programas sociales, es pieza clave en la red de control político del gobierno. Si Washington decidió quitarle la visa, es porque algo serio tiene en el radar.
Aunque la pareja lo intentó presentar como «malentendido», el Departamento de Estado no actúa a la ligera. Cuando una visa se cancela en ese nivel, es porque hay señales preocupantes. En Baja California, frontera caliente para el tráfico de drogas y personas, Washington no está para juegos. Y si esto pasa con una gobernadora, hay que preguntarse: ¿quién sigue?.
En el mundo de la seguridad y el periodismo se habla de otros nombres con cola que pisar: los gobernadores de Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas y Campeche, todos con señalamientos por corrupción, omisiones o cercanía con grupos criminales. La violencia en sus estados no disminuye, al contrario, se multiplica. Estados Unidos ve a México como un riesgo creciente para su propia seguridad, y está actuando en consecuencia.
Mientras tanto, el presidente dice que no hay pruebas. Pero las cifras son tercas: 2024 cerró con récord de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados. La 4T ya no convence ni afuera ni adentro. Y si no cambia el rumbo, lo de las visas podría ser apenas el principio de un ajuste de cuentas más grande. No es un tema de turismo. Es una advertencia.
