Por Bryan LeBarón
A partir de ahora, el gobierno federal tendrá otro monopolio: el de la información pública. Va a controlar sin ningún contrapeso los datos de millones de mexicanos, no sólo de su gobierno, también de otros organismos y poderes. Tomará las decisiones que le correspondían a organismos que buscaban la independencia de las fuerzas oficiales.
Esto es preocupante porque no podemos asegurar que usen la información con ética, y ahora podrán manipular los datos a su conveniencia; recordemos un caso que hemos evidenciado, tienen un subregistro de asesinatos y desaparecidos en el país, así que fijarán las cifras que más le convengan.
Tan solo el 4 de noviembre de 2019, cuándo se dio la masacre de Bavispe, en donde más de 100 sicarios asesinaron a 9 integrantes de mi familia y comunidad, las cifras del gobierno solo registraron 5 muertos ese día en el estado de Sonora.
Así que esto debe ser generalizado. Seguramente están escondiendo un gran número de asesinatos y a quienes les conviene es al gobierno para justificar su pobre actuación y a los criminales que observan con gusto, como se les ayuda a desaparecer los delitos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), era una herramienta para la vigilancia ciudadana y para transparentar el actuar de las autoridades. Con ayuda de órganos autónomos, como el INAI, se dieron a conocer casos relevantes de nuestro país.
Ejemplos de esto son los casos de San Fernando, Tamaulipas. En 2011, el INAI instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar a conocer la investigación sobre siete fosas clandestinas en las que se encontraron al menos 196 cadáveres. Este caso fue uno de los primeros en revelar la incontrolable violencia en el país.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa en 2014, el INAI ordenó a la FGR que se diera a conocer una versión pública sobre la investigación de este caso.
Además del INAI, también desaparecen las herramientas de evaluación de la pobreza y la mejora continua de la educación. La administración de la presidenta Sheinbaum no está atacando la corrupción, está bloqueando y censurando los mecanismos de vigilancia hacia su gobierno.
La verdad no se puede monopolizar porque daña severamente la credibilidad de un gobierno que necesita anular el divorcio que existe con la sociedad. No deben temer a las cifras reales, si bien son el reflejo de su incapacidad, también son la única vía para salir adelante. Lo que buscan es el autoengaño, y eso trae consigo más impunidad y corrupción.
