Por: Elizabeth Juárez Cordero
En el giro de tuercas y cambio político, resultado de una nueva configuración del poder, que, a lo largo y ancho del país ha concentrado la toma de decisiones públicas en el partido gobernante, tanto de manera horizontal, por lo que toca a la integración de los poderes, como vertical, en las administraciones y espacios de representación federal, estatal y municipal; también está teniendo lugar un cambio en la manera de describir e interpretar la realidad política, no sólo por el ajuste en las reglas del juego y el replanteamiento del diseño institucional, sino porque a estos subyacen una concepción y categorías distintas, sobre el poder y la política.
Si las reformas constitucionales sobre la elección de jueces y magistrados en el poder judicial o la propuesta de iniciativa, a discutirse en las próximas horas, respecto de la desaparición de órganos autónomos, son por sí mismas relevantes, porque reflejan la composición y capacidad política presente, trasladada ya hacia un nuevo diseño de Estado. Son de cara al futuro, la ruta de permanencia de la fuerza política mayoritaria, porque limita de origen, desde las reglas, la posibilidad de una redistribución y equilibrio del poder distinta, fuera de la vía única del partido gobernante.
Es por ello que, en el control y la irreversibilidad se fundan las motivaciones que con apremio han orientado desde el poder, las recientes modificaciones constitucionales; de modo que aun cuando eventualmente pudiera surgir una oposición con capacidad de enfrentar al morenismo, las posibilidades de éxito serán por decir lo menos, complicadas.
En este cambio de concepciones y categorías sobre lo político, el remplazo de pueblo por ciudadanía, más allá de la reiteración discursiva de la coalición gobernante y el partido mayoritario, plantea por un lado el reconocimiento, que desde las estructuras del poder público se hace sobre sus gobernados, al mismo tiempo que traza los límites de su participación en la toma de decisiones públicas; centradas fundamentalmente en el ejercicio de derechos político-electorales, en votar y ser votados, al ampliar los cargos públicos a ser electos como en su participación para serlo. Pero que, debilita la capacidad activa del ciudadano, en el ejercicio de los derechos civiles, como por la posibilidad de cuestionar, discernir y participar de la esfera pública, por encima del atributo electivo.
El cambio puede ser de la mayor importancia para los próximos años, no se trata solo de un intercambio de palabras sino de una visión pública, que, por un lado, si bien, garantiza el acceso a derechos sociales, buscando reducir las desigualdades económicas, a través de una amplia gama de programas sociales ya universalizados en la Constitución, por otro, desactiva el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y de control social.
Porque en la construcción de la idea pueblo, el régimen no solo funda su legitimidad, sino que, homogeniza, y segrega en otra categoría o nivel inferior al resto, a los no ganadores, identidades políticas distintas, expresiones críticas, que pueden ser o no oposición política, por ejemplo, la academia, organizaciones sociales y otras manifestaciones colectivas.
Mismo enfoque, cruza de manera vertical los órganos representativos, como la administración en todos sus órdenes de gobierno, en la organización de lo público, cuyos espacios de consulta o deliberativos han sido desactivados por su inoperancia, su cooptación, falta de nombramientos.
Por lo que, si bien en los últimos días se ha centrado la oposición a las reformas de la coalición gobernante, en afirmar, la anulación de los equilibrios y contrapesos institucionales al poder, base teórica constitucionalismo democrático, bien valdría traer a la mesa de discusión, si el control social, puede ser aun el activo de resistencia que atempere las tentaciones inherentes al poder público o termine por dimitir ante la idea todopoderosa de pueblo por ciudadanía. Y que, dicho sea de paso, encuentra respaldo en dos vías, desde la concepción de los defensores del constitucionalismo democrático que asumen que no hay control más valido que el de la configuración institucional porque es el modelo conocido, o quienes desde la visión del poder aseguran tener en sus manos la representación absoluta de la ciudadanía.
