DIEGO DONALDO CHÁVEZ PALMERÍN/ EL ÚLTIMO LLAMADO
La inseguridad en México sigue siendo en un tema prioritario y urgente en la agenda pública nacional. Los altos niveles de homicidios, extorsiones, desapariciones y otros delitos violentos están afectando gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía y socavando la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.
Los datos recientes revelan una realidad alarmante: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron más de 34,000 homicidios en el país, lo que lo convierte en uno de los años más violentos en la historia reciente de México. Esta cifra es solo una manifestación de una crisis más profunda que se extiende por todo el territorio nacional.
Las causas de esta crisis son complejas y multifacéticas. La lucha por el control territorial entre los cárteles de la droga, la corrupción endémica en las fuerzas de seguridad y la impunidad rampante son algunos de los factores que alimentan la violencia. Además, la desigualdad económica y la falta de oportunidades para las juventudes crean un caldo de cultivo para el reclutamiento en actividades delictivas.
Las políticas de seguridad implementadas hasta ahora han sido insuficientes para revertir esta tendencia. La estrategia de militarización de la seguridad pública, con la creación y despliegue de la Guardia Nacional, no ha logrado disminuir significativamente los índices de violencia. De hecho, algunos críticos argumentan que esta estrategia ha agravado el problema, al aumentar la presencia militar en las calles sin abordar las causas subyacentes de la violencia.
Es imperativo que el gobierno federal y los gobiernos estatales adopten un enfoque integral para combatir la inseguridad. Esto incluye no solo el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la mejora de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sino también la implementación de políticas de prevención del delito, el fomento del desarrollo económico y social, y la lucha contra la corrupción.
La participación ciudadana y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil también son cruciales para construir una estrategia efectiva. La creación de mecanismos de denuncia y protección para las víctimas, así como la promoción de programas educativos y de desarrollo comunitario, pueden contribuir a reducir la violencia y restaurar la confianza en las instituciones.
La crisis de la inseguridad en México es un reto que requiere una respuesta urgente y multifacética. Solo a través de un esfuerzo coordinado y sostenido será posible revertir esta tendencia y garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía. La construcción de un México más seguro y justo es una tarea que nos involucra a todos y requiere el compromiso y la acción decidida de todos los sectores de la sociedad.
