El Último Llamado/ Diego Donaldo Chávez Palmerín
La inseguridad en Sinaloa y Michoacán representa un riesgo significativo para los gobernadores de ambos estados, tanto en términos políticos como personales. Si no logran controlar la violencia, podrían enfrentar varias consecuencias graves.
En primer lugar, la pérdida de confianza pública es un riesgo inmediato. La ciudadanía espera que sus “líderes” por muy improvisados que salgan garanticen su seguridad. La incapacidad para reducir la violencia puede llevar a una disminución en la aprobación y apoyo popular, lo que podría traducirse en dificultades para implementar políticas y proyectos futuros, sobre todo si no les otorgan presupuesto.
La inestabilidad económica es otro riesgo considerable. La inseguridad afecta negativamente la inversión y el comercio. En Sinaloa, por ejemplo, la violencia ha llevado a pérdidas económicas significativas debido a la interrupción de actividades comerciales y el aumento de costos de seguridad. Esto impacta directo en un aumento del desempleo y pobreza, exacerbando aún más la situación de inseguridad.
La presión política también es un factor crítico. Los gobernadores enfentan críticas y demandas de acción tanto de la oposición (aunque no lo crean) como de sus propios partidos, veamos el congreso de Bedolla, digo, de Michoacán, mientras que en Sinaloa, los diputados han exigido medidas extraordinarias para combatir la inseguridad, lo que genera presión constante sobre Rocha.
La falla de cálculo, tacto política y falta de resultados puede llevar a una pérdida de apoyo político y, en casos extremos, a la destitución. Michoacán vive de interinatos…
Recordemos que la Presidenta ya anunció que en Diciembre se incorporan Gobernadores salientes a su gabinete, es la excusa perfecta.
En resumen, la incapacidad para controlar la inseguridad en Sinaloa y Michoacán puede tener repercusiones devastadoras para los gobernadores, afectando su popularidad, la economía local, su estabilidad política y su seguridad personal. La implementación de estrategias efectivas y la colaboración con el gobierno federal son esenciales para enfrentar estos desafíos y garantizar un verdadero Estado de derecho que tanto le hace falta a nuestro País.
