El último llamado/ Diego Donaldo Chávez Palmerín
En los últimos meses, la propuesta de eliminar diversos órganos autónomos en México ha suscitado un intenso debate. Esta medida, promovida por el gobierno actual, pretende centralizar funciones que hasta ahora han sido gestionadas por entidades independientes como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.
Los órganos autónomos han sido pilares fundamentales en la construcción de una democracia sólida y transparente en México. Su independencia del poder Ejecutivo les permite actuar sin presiones políticas, garantizando la imparcialidad en la toma de decisiones y la protección de los derechos ciudadanos. La desaparición de estos organismos podría tener consecuencias graves para el país.
Uno de los principales riesgos es la concentración de poder. Al eliminar estos órganos, el gobierno central asumiría funciones clave, lo que podría llevar a una influencia política en áreas que requieren neutralidad. Esto sin duda afectaría la competencia económica, la transparencia en la gestión pública y la protección de datos personales.
Los órganos autónomos, como el INAI, han jugado un papel crucial en garantizar el acceso a la información pública. Sin ellos, la ciudadanía podría enfrentar mayores obstáculos para obtener información relevante sobre las acciones del gobierno y el uso de recursos públicos, lo que debilitaría la rendición de cuentas y aumentaría el riesgo de corrupción.
La competencia económica también se vería afectada. La COFECE, ha sido esencial en la regulación de mercados para evitar prácticas monopólicas. Su desaparición podría llevar a una mayor concentración de mercado, afectando a consumidores y pequeñas empresas que dependen de un entorno competitivo para prosperar.
La eliminación de los órganos autónomos en México representa un retroceso significativo en términos de democracia y transparencia. Es crucial que la sociedad civil, los académicos y las y los legisladores trabajen juntos para encontrar soluciones que fortalezcan, en lugar de debilitar, las instituciones que han sido fundamentales para el desarrollo democrático del país. La independencia y la imparcialidad de estos organismos son esenciales para garantizar un gobierno justo y equitativo para toda la ciudadanía.
