Por Bryan LeBarón
En estos días existe un fuerte debate sobre la reforma judicial que habrá de emprender la Presidencia de la República. Muy probablemente no sea durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya que en aún no le alcanzan los votos de la actual legislatura, pero Claudia Sheinbaum tendrá carta abierta para hacer los cambios que considere.
En este marco, el Congreso ha organizado mesas públicas de análisis de la Reforma, la cual contempla reducir el número de jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 integrantes; recortar el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar la pensión vitalicia, y que la remuneración que reciben se ajuste al tope máximo establecido para Presidencia.
Entre varios otros cambios, como de los diversos tribunales, del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra uno que nos debería ponernos en alerta, sobre todo por la historia reciente y de cómo no se pudo separar el poder del crimen organizado en las elecciones.
Se pretenden que los jueces sean electos mediante el voto popular. Esto puede tener un debate muy especializado sobre la preparación que requieren los jueces, en la forma escalonada que deberían ir subiendo, sobre la capacidad de los votantes de analizar y elegir a sus jueces, estas discusiones son más que válidas y esperemos que el Congreso las escuche y tome en cuenta para las decisiones que habrá de tomar.
Pero un punto que debe estar en la mesa es ¿cómo evitamos que el crimen organizado no termine eligiendo a sus jueces? Quienes tienen los recursos para manejar e inclinar una elección, son el gobierno y el crimen. Hoy no podemos decir que el panorama electoral está blindado de la injerencia del dinero o del terror.
Cabe recordar que en las últimas elecciones fueron 37 los aspirantes asesinados. Las amenazas corrieron por miles, y por mencionar un sólo estado, en Zacatecas 217 mujeres renunciaron a una candidatura por cuestiones de violencia política. Es en este marco donde se quiere poner a elección los jueces.
El México violento de hoy, no reúne las condiciones para poner a elección a los encargados de hacer justicia. Si tomamos en cuenta que uno de los peores males que padece México es la complicidad de autoridades y de jueces que dejan libres a criminales, como hemos visto ocurrir muchas veces ¿qué futuro nos espera si son apoyados para ser elegidos por el crimen organizado?
Hoy no existen las medidas que blinden de la injerencia de los criminales en las elecciones, y tener jueces a modo, comprometidos por una elección, debe parecerles muy atractivo. No debilitemos más el sistema de justicia, en un país que tiene el 98 por ciento de impunidad, sólo provocaría más opacidad y rezago. Hoy, nuestro país, no está listo para un sistema que ofrende a los jueces al crimen organizado.
