Por: Staff
-En relación a la indebida designación que el pasado miércoles la mayoría oficialista realizó de un nuevo Auditor Superior de Michoacán, recalcó que su actuar ha comprometido al resto de las y los diputados a una denuncia penal con repercusiones inminentes como la inhabilitación para cualquier cargo público.
La honorabilidad del Poder Legislativo, así como su responsabilidad de servir a las y los michoacanos, ha sido manchada por la mayoría oficialista que, ha abdicado a su responsabilidad de cumplir la ley, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
En relación a la indebida designación que el pasado miércoles la mayoría oficialista realizó de un nuevo Auditor Superior de Michoacán, la diputada por el Distrito de Puruándiro recalcó que su actuar ha comprometido al resto de las y los diputados a una denuncia penal con repercusiones inminentes como la inhabilitación para cualquier cargo público.
“El grupo de diputados oficialistas hicieron mayoría para convocar a una sesión con el argumento de que era posible designar a un nuevo auditor, razonamiento que basaron en el juicio político que se le hizo al ex Auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Falsariamente asumieron que ese juicio político es inatacable y que la remoción del auditor y su inhabilitación es cosa juzgada”.
Julieta Gallardo abundó que los oficialistas olvidaron en ese razonamiento mañoso que existe un juicio de amparo en proceso y que hay una suspensión definitiva otorgada por un juez de distrito que no puede ignorarse, y que al hacerlo, es decir, al ignorar la resolución del juez y aferrarse a nombrar a un nuevo auditor, los diputados cómplices serán denunciados ante el Ministerio Público y procederá su inhabilitación.
“No es una cuestión que en esencia se resuelva políticamente y que por lo tanto es natural que se pueda imponer la mayoría democrática, no, es una violación flagrante a un mandato judicial, sobre lo que hubo una opinión jurídica de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, alertando de los riesgos y que fue ignorada”.
La legisladora puntualizó que hasta ahora todo el desaseo y mala praxis en los procedimientos y en la vida orgánica del Congreso había sido muy grave, pero nunca al grado de poner en riesgo su honorabilidad y legítimo derecho a servir a las y los michoacanos.
