Por: Staff
-Apuntó que los procesos primero para destituir a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda como auditor Superior de Michoacán, y posteriormente para enjuiciarlo políticamente e inhabilitarlo por diez años, es ejemplo de cacería política de quien no resulta cómodo para el régimen en turno
El Congreso del Estado en la lógica de las mayorías, es ejemplo nacional de desaseo legal para desestabilizar al máximo órgano fiscalizador del estado, la Auditoría Superior de Michoacán, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura local.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, apuntó que los procesos primero para destituir a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda como auditor Superior de Michoacán, y posteriormente para enjuiciarlo políticamente e inhabilitarlo por diez años, es ejemplo de cacería política de quien no resulta cómodo para el régimen en turno, sin importar violar de manera sistemática las leyes y los procedimientos legislativos para la consecución de fines mezquinos.
Julieta Gallardo recordó que el pasado viernes, durante la Sesión de Pleno en la que la mayoría legislativa aprobó la inhabilitación de Miguel Ángel Aguirre, ella requirió se le entregara copia de la notificación que debió entregarse al exfuncionario para que acudiera al recinto a defenderse.
“A pesar de que la presidenta de la Mesa Directiva instruyó que el documento me fuera proporcionado esto no ocurrió, por lo que mediante oficio tuve que realizar el requerimiento, como respuesta se me entregaron dos documentos que presuntamente son la notificación realizada, ambos sin fecha del día en que fueron expedidos, y sin firma, fecha y hora del acuse de recibido”.
Recordó que inicialmente en la Sesión hicieron llegar un documento fechado el 22 de mayo de 2023, argumentando que ese correspondía a la notificación que se había hecho a Aguirre Abellaneda para que se presentara a la sesión de Pleno del primero de septiembre pasado, lo que resultaba no sólo fuera de la legalidad, sino de toda lógica, ya que para entonces se desconocía si el juicio político procedería pues acababa de ser promovido.
“El presidente de la Comisión Jurisdiccional aseguró que la notificación se había realizado con notario público, sin embargo, los oficios que fueron entregados tras el requerimiento que presenté, carecen de sello notarial y la leyenda de fe pública, así como de indicio alguno de acuse, es más ni fecha, ni hoja con membrete, ni con los elementos mínimos de cómo va redactado un documento oficial”.
Julieta Gallardo consideró que dichos documentos dan la impresión de apócrifos, lo que recalcó resultaría de profunda gravedad de comprobarse que en el Congreso del Estado se falsean documentos buscando validad un proceso que a todas luces ha estado cargado de irregularidades.
