La Opción/ Jorge Vílchez
El caso Miguel Angel Aguirre Abellaneda aún sigue en el aire.
Ello, pese a que la mayoría de los legisladores aprobó su remoción como auditor superior de Michoacán y que, incluso, tal acuerdo ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Y es que, al decir de los especialistas en la materia, el Congreso del Estado incurrió en desacato judicial puesto que omitió una orden que le obligaba suspender temporalmente el proceso de destitución del titular del órgano fiscalizador del estado.
Recuérdese que momentos antes de que el pasado jueves 25 se celebrara la sesión extraordinaria del Poder Legislativo, el titular del Juzgado Séptimo de Distrito, José Ramón Rocha González, había establecido que: “Se concede a la parte quejosa, la suspensión provisional para el efecto de que sin suspender el procedimiento de remoción de cargo que se lleva en contra del peticionario de amparo, una vez concluido el periodo de alegatos, se abstenga de resolver lo relativo a la separación del cargo que ostenta el quejoso como Auditor Superior de Michoacán, lo anterior, hasta que reciba notificación de lo que se resuelva en la audiencia incidental»
Se le otorgaba un amparo, entonces, al auditor Miguel Angel Aguirre Abellaneda, y por tanto, no tendría por qué haberse celebrado la sesión extraordinaria.
Pero el Congreso del Estado, en particular la presidenta de la Mesa Directiva, Julieta García, con el argumento de que en su oficina sólo se recibía documentación hasta las 19 horas de un día hábil, rechazó que hubiera llegado la notificación judicial y por ello se decidió instalar la sesión extraordinaria.
Nadie entiende por qué esa prisa o desesperación de algunos legisladores por concretar un asunto que se estaba fraguando desde hace más de un año.
El especialista en la materia, Gumesindo García Morelos, manifestó que “el Congreso del Estado no está por encima de un juzgado federal; por tanto, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda legalmente continúa como titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM)”.
El Poder Legislativo incurrió en desacato a un mandato judicial al haber celebrado la sesión en la que se aprobó el dictamen para la remoción de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda como Auditor Superior de Michoacán, declaró a su vez la diputada perredista Julieta Gallardo Mora.
“Existen videos e imágenes que dan cuenta de la notificación realizada al Congreso por la actuaria, lo que hace ilegal la sesión de Pleno celebrada ayer, por lo que quienes participaran en ésta, incurrieron en desacato ante el mandato judicial”, abundó.
A ello se suma el hecho de que el dictamen elaborado por tres de los integrantes de la Comisión Inspectora careció además de legalidad, sin convocatoria de la presidenta de la Comisión, sin seguir el debido proceso y sin otorgar tiempo razonable para la defensa del auditor.
Mientras tanto, y por órdenes del citado Juez de Distrito, al Congreso del Estado se le dio un plazo de 48 horas para que informe sobre el caso MAAA.
Y se entiende que, al mismo tiempo, en breve el Poder Legislativo tendrá que reponer y respetar el debido proceso en el tema Miguel Angel Aguirre Abellaneda, que para algunos especialistas aún sigue siendo el auditor superior de Michoacán.
