Por Hugo Gama Coria
En la construcción del Estado moderno, se han realizando cambios a la estructura del poder con la intención de desconcentrar funciones, establecer controles y lograr una mayor especialización, eficiencia y eficacia en el ejercicio del poder y de la función pública.
Pasamos del modelo tradicional de la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a extensiones y diversidad de poder por medio de los órganos autónomos constitucionales que se les ha otorgado funciones primordiales o primarias retiradas a los poderes tradicionales y que, desde finales del siglo pasado en México y en las entidades federativas han venido naciendo y operando.
La división y/o la autonomía no significa subordinación o confrontación, por el contrario, con una visión de Estado, se debe buscar en todo momento la coordinación, sin importar posturas políticas o ideológicas. El arte de la política debe prevalecer, el diálogo y el acuerdo necesariamente tienen que dar pie a la coordinación, pensando siempre primero en los gobernados.
“Instituciones de garantía” como los ha calificado Luigi Ferrajoli; los órganos autónomos no solamente son responsables de una función determinada por la constitución, sino que garantizan derechos humanos y abonan a la gobernanza, fortalecen el estado democrático y por ende a la República.
Todas las instituciones, incluidos los órganos autónomos deben sumar al desarrollo del estado y del país, quienes formamos parte de ellos debemos asumir plenamente la responsabilidad de construir, coordinarnos y empujar para que desde las atribuciones se logre abonar para alcanzar el estado de bienestar para todas y todos. La responsabilidad no es menor, el reto es mayúsculo y todos debemos sumar. Primero es el pueblo y después los funcionarios públicos.
