Por: David X. Rueda
Parece que “nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido”, frase tristemente célebre por su significado, toma enormemente importancia en estos momentos en los que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está por desaparecer, por instrucción presidencial.
Como investigador he requerido de manera continua el solicitar, mediante el INAI, información que me ha permitido generar productos académicos que he publicado en revistas, libros, tesis de mis alumnos y en algunas ponencias. Imaginar que ya no tendré el apoyo del INAI para poder obtener la información que requiero no sólo me preocupa, me hace reflexionar en ¿qué harán mis colegas del área de humanidades, sociales y económicas que principalmente realizan investigación comparada?, lo anterior es lo que me afectaría en mi día a día la “desaparición” del INAI.
Sin embargo, es importante ubicar la afectación que habrá en general en el país si se dejan de conocer situaciones de daño al erario público por parte de funcionarios públicos. Podríamos listar algunos ejemplos como el conocido como los contratos del tren México-Querétaro, de la Línea 12 del metro de la CDMX y otorgados a Odebrecht, empresas fantasmas de Javier Duarte, Estafa Maestra, SEGALMEX, entre otros. Situación que afecta a toda la ciudadanía, porque de no haber un escrutinio público como lo hay ahora, sería prácticamente imposible conocer la manera en cómo ejercen los recursos públicos los gobiernos municipales, estatales y federal. A menos que, haya una serie de ataques de hackers, como el caso Guacamaya, que hagan pública la información que el Gobierno oculta.
Más me preocupa ubicar que no es una situación extraordinaria, que incluso no nos escandalice y alerte de manera justificada, sino que es más bien una consecuencia de una serie de acciones gubernamentales que tienen como objetivo el deterioro institucional de las instancias que se encargan de dar atención a la ciudadanía y que de alguna manera controlan y supervisan el buen ejercicio de los funcionarios públicos. Ejemplos los hay en todos los sectores, salud, economía, seguridad, educación, ciencia y tecnología e incluso en la relación del Gobierno con los otros poderes, al denostar o influir de manera autoritaria en sus ámbitos propios de trabajo.
Un dato, que espero no quede ahí, de 2003 al 30 de septiembre de 2022, el INAI ha dado trámite a tres millones 385 mil 748 solicitudes de información pública, acceso y corrección de datos personales, de acuerdo a su informe de labores 2022.
Me tomé unos minutos para escribir esto, porque no quiero que en un futuro alguien me llegue a preguntar: ¿y tú qué hacías mientras el Gobierno acababa con las instituciones que beneficiaban a la ciudadanía?
