Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Blindar el proceso de ingreso a las escuelas normales ante la corrupción es una aspiración añeja en Michoacán y una necesidad insoslayable para alcanzar un normalismo digno, que verdaderamente salvaguarde el artículo tercero constitucional y garantice el derecho a aprender de las generaciones en formación. Específicamente, emplear expertos externos libres de conflictos de intereses para el examen, en absoluto era una idea nueva. Sin embargo, no se había logrado implementar exitosamente; es más, no había pasado de la idea vaga o de la simulación.
Al respecto, desde Mexicanos Primero Michoacán, hace trece años que tuvimos con el tema, respecto al cual manifestamos la importancia de contar con aplicadores libres de conflictos de intereses y desligados de la corrupción local realizando el examen de ingreso. Se manejaron en aquel entonces al CENEVAL, a universidades públicas y otras escuelas normales como opciones. En algunas ocasiones se intentó, pero finalmente se saboteó la idea en la mesa. Sí, se trajeron a externos de universidades públicas, quienes en su mayoría hicieron un trabajo decente, el cual siempre se echaba a perder porque las claves que se elaboraban con tanto cuidado finalmente terminaron en manos de las redes de corrupción, siempre quedando impunes y en la función pública los encargados de resguardar los reactivos y sus respuestas.
Por ello, después de dos procesos particularmente plagados de acusaciones de corrupción, como fueron el de 2020 y el de 2021, ahora debe reconocerse el logro de la actual administración de concretar la meritocracia y transparencia de una de las etapas más oscuras del proceso de ingreso a las escuelas normales: el examen de admisión. Desde la emisión de la convocatoria hasta la entrega de resultados se han dado pasos importantes; sí, perfectibles, pero dignos de reconocimiento y, sobre todo, de consolidación.
El proceso de ingreso a las escuelas normales es mucho más que un examen. Comprende la emisión de la convocatoria, que en esta edición llegó hasta el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, como manifestación plena de parte de la autoridad que no estaría dispuesta a negociar sus términos, como en otras ocasiones. Fue debatible la medida, pero el tiempo y los resultados le dan la razón a las autoridades estatales. Emitir las fichas para examen en términos amplios, con plazos holgados y sin restricciones fue también una etapa bien lograda, que quedó con el área de oportunidad de transparentarse el destino del recurso recaudado.
El diseño de la logística de aplicación del examen funcionó, como se demostró durante la aplicación del examen. La difusión de resultados fue pertinente y los resultados emitidos fueron razonables en lo general, no se ven puntajes desorbitados como en ediciones anteriores. Más allá del legalismo superfluo, hasta esta altura del proceso sí que hay estentóreas diferencias respecto a las aplicaciones de años pasados.
Quedan varias etapas a superarse para cantar victoria: la inscripción de los estudiantes seleccionados, la realización de los cursos de inducción, tanto por la parte oficial como del consejo estudiantil, el presentarse a clases, el cerrar el semestre y el año escolar entero satisfactoriamente, en junio de 2023 y, finalmente, la emisión de la convocatoria para el proceso de ingreso de 2023, donde se demostrará el cierre del proceso de 2022 y la aplicación de las mismas medidas por segunda ocasión. En todas estas etapas aún hay espacio potencial para posibles actos de control, captura, colonización y corrupción que podrían dar al traste con lo ya logrado. Debe lograrse que el proceso se concluya favorablemente.
Volteando la mirada hacia la posteridad, muchos políticos buscan dejar su nombre escrito en piedra o su efigie en bronce; estamos ante la ocasión en la cual la actual administración puede dejar una política pública consolidada como legado.
Si bien, en 2020, el proceso fue un escándalo a escala nacional e internacional, también el de 2021 estuvo plagado de corrupción y cuestionamientos. No olvidemos que, un grupo de valientes aspirantes protestaron en diversas ocasiones afuera de la Escuela Normal Urbana Federal, dieron conferencias de prensa e hicieron presente en redes sociales la etiqueta #JusticiaParaLasNormales. La autoridad hizo caso omiso de las irregularidades señaladas.
Empero, ahora en esta edición 2022, varias de las víctimas del 2021 obtuvieron por méritos propios su ingreso a la normal, lo cual puede ser evidencia contundente de la imparcialidad del proceso. Sostener la indignación colectiva posibilitó que el tema siguiera en agenda pública y se haya invertido capital institucional y político, así como recursos humanos, materiales y financieros en blindar este proceso que estuvo en el descuido gubernamental durante décadas. El costo de la inacción era totalmente inaceptable. El gobierno estatal tiene de su parte haber logrado que hasta ahora prevalezcan la justicia y la meritocracia. Con ello, se avanza mucho más de lo que se calcula, porque las capacidades, el talento y el esfuerzo individuales se hacen presentes para generar la natural evolución de los procesos.
El éxito parcial no debe ser flor de un solo verano, debe de garantizarse que las próximas generaciones se beneficien de este logro. La participación de actores externos es clave para brindar el proceso, tanto para transparentarlo, como para arroparlo. La activación de la sociedad civil organizada y del poder legislativo será determinante en convertir un éxito temporal en una transformación auténtica. Sabemos que existen la letra muerta, las reingenierías erróneas, la regresividad en las políticas públicas y las abrogaciones, pero más allá de los posibles pasos erráticos que decidan darse en un futuro, hoy es momento de hacer en conciencia cuanto se crea bueno en pro del normalismo y de las generaciones en formación.
Sí, la situación estructural de la formación inicial docente es compleja y precaria, donde se requieren inversión, organización y transformación de fondo, pero lograr que el ingreso a las normales sea transparente, meritocrático y ajeno a la corrupción es un paso digno de reconocerse, así como una conquista irrenunciable que debe pertenecerle a los michoacanos del mañana. Luchemos juntos por un normalismo digno.
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