Por: Staff
Durante años, Antonio había cultivado limones y criaba ganado en su finca ubicada en el oeste de México. A duras penas lograba ganarse la vida siguiendo una regla que él y muchas otras personas en Michoacán, uno de los estados más violentos de México, siempre habían conocido: eviten las rutas del narcotráfico y no sufrirán ningún daño.
Pero el valle de limoneros que generó la prosperidad de esta región se quemó, como si fuera otra víctima del modelo de negocios de los cárteles de la droga.
Algunos grupos criminales están haciendo todo lo posible para incursionar en los principales sectores de la economía, incluida la industria de producción de aguacates y limones, con lo que amenazan con interrumpir la lucrativa asociación comercial bilateral entre México y Estados Unidos, una de las más grandes del mundo.
Cada año, México exporta aguacates por un valor de 3200 millones de dólares y limones por unos 500 millones, y algunos cárteles están entrando en estos negocios rentables, no solo extorsionándolos como en el pasado, sino dirigiéndolos. Algunos incluso están plantando huertos y abriendo plantas de empaque de aguacate para diversificar sus ingresos y financiar sus esfuerzos para abarcar más territorio.
“Hay una evolución hacia una relación criminal-política clásica al estilo italiano”, dijo sobre los cárteles Romain Le Cour, director de programas de México Evalúa, un instituto de investigación centrado en políticas de seguridad pública. “Cuando se piensa en la mafia, es una zona gris en la que se vincula lo legal con lo ilegal, el crimen con los negocios y el crimen con la política”.
Esta evolución incluso ha envalentonado a los cárteles para que amenacen la presencia del gobierno estadounidense en todo el país, añadió Le Cour, ya que los grupos criminales “entienden que tienen más poder que nadie, más que el gobierno o que las empresas a las que extorsionan”.
Cada vez más, los agricultores y las comunidades vinculadas al comercio agrícola se han visto atrapadas en medio de una guerra territorial, mientras que decenas de miles de personas han sido desplazadas y el gobierno trata de eliminar las bandas y sofocar la violencia.
“Es el conflicto de nunca acabar”, dijo Antonio con amargura, pidiendo que solamente se usara su segundo nombre para proteger su identidad.
Una reciente operación militar realizada en El Aguaje permitió que las familias que huyeron de la violencia de los cárteles regresaran en febrero. Manejaron a través de las nubes de humo que salían del valle que ardía, pasando por la plaza del pueblo en ruinas, con sus edificios marcados por las balas y los grafitis que dicen “CJNG”, sigla de Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de la región.
Algunas personas, como Antonio, volvieron para trabajar en las fincas que se habían visto obligadas a abandonar temporalmente. Muchos regresaron solo para empacar sus pertenencias y marcharse de nuevo.
Casi nadie en El Aguaje creía que las conquistas del gobierno fueran a durar, ya que el pueblo ha sido disputado por varios grupos criminales durante años. Las recientes operaciones militares se centraron en el cártel de Jalisco, pero los huertos recién calcinados eran una clara señal de que otros cárteles se estaban moviendo para llenar el vacío.
En Michoacán, que hasta hace unos meses era el único estado mexicano autorizado para exportar aguacates a Estados Unidos, los cárteles han talado bosques protegidos, lo que obligó a la población a abandonar la tierra para establecer sus propias huertas y han empezado a extorsionar a los productores más chicos, que antes eran considerados demasiado pequeños para valer la pena.
Aunque no hay un cálculo claro sobre el alcance que estos grupos criminales han tenido en el comercio, los beneficios netos de sus operaciones internacionales podrían alcanzar hasta 20.000 millones de dólares al año, casi el dos por ciento del producto interno bruto de México, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a dar su nombre.
