Por Hugo Gama
Los derechos sociales derivan históricamente de luchas civiles para el reconocimiento de prerrogativas hacia grupos vulnerables o en condiciones de marcada desigualdad, siendo el antecedente primario las manifestaciones obreras de la Revolución Industrial.
En México las circunstancias del reconocimiento de los derechos sociales no ha sido nada alejado del concierto internacional, han sido las batallas histórico-sociales las que han dado paso poco a poco a esos derechos; desde la guerra de independencia, la reforma, la revolución mexicana, así como los movimientos sociales de finales siglo pasado y lo que va del actual.
Nuestro país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en 1981, que entre otros reconoce en esencia derechos como la salud, vivienda, educación, trabajo, ciencia, cultura, libre autodeterminación, igualdad y/o discriminación, mismos que para algunos estudiosos son derechos programáticos por la complejidad presupuestal para su pleno cumplimiento por parte del Estado, aunada la resistencia del capitalismo que advierte que esa inversión debiera irse a la generación de riqueza y no a cuestiones sociales.
Aunque México signó y rarificó el Pacto, no lo hizo así con el Protocolo Facultativo que permite a los órganos de ONU a intervenir y pronunciarse de manera vinculante en asuntos que afecten esos derechos en nuestro país, lo que nos deja mal parados y a la población en desventaja, ello debido a que incluso Venezuela ya firmó el Protocolo.
Por otro lado, después de la reforma constitucional del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera paulatina ha venido adoptando criterios y posturas del derecho internacional que van rompiendo con el paradigma de la dificultad de la plena protección de esos derechos, temas como la salud, vivienda, pueblos indígenas han sido cada vez más atendidos y reconocidos, eso implica una evolución en el entendimiento de los derechos humanos, aunque sigan prevaleciendo visiones medioevales que se oponen a esos avances.
Falta camino por recorrer, sin embargo, ya se ha avanzado en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y es deseable que, en el próximo lustro, a pesar de que no está firmado el Protocolo Facultativo, los criterios de la Corte permitan a los mexicanos gozar cada vez más de esos derechos.
