Por Hugo Gama
México desde hace dos décadas se encuentra en una etapa compleja de seguridad que se traduce en un atentado a las libertades de las personas, transgresiones a los derechos económicos, sociales y culturales, así como retos permanentes a la vida democrática y al estado de derecho.
Es imposible no pensar que el origen de la inseguridad tiene su génesis en la falta de oportunidades laborales y de educación, lo que entorpece el desarrollo y genera condiciones para que prevalezcan y crezcan las conductas ilícitas.
Ante un escenario de dificultad, corresponde a las autoridades legalmente constituidas buscar y generar las oportunidades para el combate de las conductas antisociales, pero con especial énfasis en el desarrollo y la defensa de los derechos humanos.
La generación de políticas públicas y del fortalecimiento de las instituciones es imprescindible y debe ser prioritario, aunque ello implique que el poder reformador actúe y se realicen los ajustes constitucionales necesarios, que permitan a su vez alcanzar justicia y cierre la brecha de la desigualdad.
No es necesario que la dificultad se convierta en una crisis para dar paso a cambios profundos, se requiere de voluntad, apertura, cooperación, unidad y una visión colectiva, solo así se puede aspirar a encontrar oportunidades ante las dificultades.
