Anticonstitucional entregar presupuesto directo a comunidades indígenas propuesto por Bedolla: Abogados

Por: Hugo Villa

El Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó a presidentes municipales el Protocolo de Transición de Comunidades Indígenas al Autogobierno y Ejercicio de Presupuesto Directo, documento en el que se establecen los pasos a seguir para el ejercicio del presupuesto, lo cual es anticonstitucional.

Los abogados Martín Ramos y Santiago Núñez, coincidieron que dicho protocolo vulnera diversas disposiciones en materia de seguridad y fiscalización de recursos. “Lejos de ser una guía del qué hacer, constituye una visión particular del Gobernador con componentes políticos y no legales” afirmaron. 

En términos de la Constitución, el ejercicio del Presupuesto le corresponde a los Ayuntamientos y son estos quienes les corresponde administrar equitativamente y rendir cuentas sobre cómo se gastan los recursos públicos, afirman. De igual forma, la hacienda municipal es soberana, por lo que el Gobierno del Estado no tiene facultades para indicarle a los Ayuntamientos cómo deben de ejercer el presupuesto que les corresponde. 

De igual forma, los abogados urgieron a los alcaldes a que tomen acciones puesto que, de seguir esta política los responsables de rendir cuentas de los recursos ejercidos por las comunidades serían los Ayuntamientos, lo que derivaría en responsabilidades a los mismos. “Urge legislación adecuada. El propio gobierno del estado expresamente aceptó que aun falta legislación al respecto, pero se limita solamente a ordenar a presidentes cómo gasten el dinero, pero no envía iniciativas que den luz sobre cómo se hará ello”.

Finalmente, invitaron a los presidentes municipales a que se organicen para poder aclarar cómo se comprobará el ejercicio de las comunidades, puesto que la obligación, al día de hoy, le corresponde al municipio, en términos de la Ley y la Constitución; fueron muy enfáticos al señalar que aquellos alcaldes que no atiendan el tema por la vía legal, pudieran estar expuestos a consecuencias administrativas y jurídicas 

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