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Por Adán García
Sí, es cierto, la presión financiera que enfrenta el Gobierno de Michoacán le obliga a fortalecer su capacidad de recaudación propia para blindar el ejercicio fiscal del próximo año, y con ello tratar, al menos, de evitar que se colapse la economía gubernamental en el segundo semestre del 2022.
Sí, también es cierto, el reemplacado de vehículos es un tema que va más allá de generar una bolsa de recursos como la que pretende la administración de Alfredo Ramírez Bedolla –por el orden de los mil 400 millones de pesos-. Se trata también de un tema de seguridad, incluso nacional, si se considera que el 90 por ciento de los vehículos que se ven involucrados en algún hecho delictivo en el país, cuentan con reporte de robo.
Y le doy otro dato para argumentar la idea anterior: en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han robado 559 mil 28 vehículos en México, es decir, un promedio diario de 498 unidades de todas marcas y modelos, según el más reciente informe estadístico publicado por la casa consultora TRsearch.
Muchos de esos vehículos son revendidos a particulares en el mercado negro, previa alteración de su número de serie y hasta la falsificación de documentos. Otros, son utilizados por los grupos criminales para alimentar todo un coctel de delitos, que van desde robos hasta el bloqueo de vialidades, tráfico de drogas, secuestros y ejecuciones.
Por ese solo hecho, el Estado mexicano está, en teoría, obligado a diseñar un esquema que le permita mantener actualizado el Registro del Padrón Vehicular de forma permanente y efectiva, ya que eso acotaría, al menos, una de tantas vetas que tiene el laberinto donde opera y se mueve la delincuencia en este país.
Bajo esa hipótesis, se antoja hasta omiso el que en Michoacán se hayan dejado pasar cinco años sin implementar otro reemplacamiento. El último fue en el año 2016, bajo el gobierno del perredista Silvano Aureoles, quien se enfrentó a una férrea oposición del partido Morena, el cual lo acusó de lesionar con ello el bolsillo de las familias, y de una ausencia de visión para aplicar esquemas recaudatorios no lesivos para la gente.
Silvano, en aquel momento, justificó la medida argumentando temas de seguridad – como hoy lo hace Morena, ya siendo gobierno-, y porque “bonitos nos veríamos en un estado en bancarrota, financieramente hablando, regalando placas”.
Y, si bien en términos hasta de gobernabilidad y de estabilidad financiera el cobro de nuevas placas podría justificarse, el problema es ese: la ausencia de congruencia en el discurso, en línea política y comunicativa, en que se incurre cuando se es gobierno y cuando se es oposición. Hoy por hoy, en otros estados, Morena –desde la oposición- ha saboteado el cobro de placas.
Hoy por hoy, en Michoacán los papeles de Morena y el PRD –junto con sus aliados, respectivamente- solamente se han invertido. Los primeros justifican el cobro de placas que antes condenaban, y los segundos ahora atacan la medida que en el pasado ejecutaron contra viento y marea porque, más allá de posturas políticas, muchas veces la realidad así lo impone. Guste o no. Sea impopular o no.
No hacerlo, sin el diseño de otros mecanismos que hoy no se ven en el horizonte, conduciría al gobierno estatal –sea del color que sea-, a reeditar las crisis financieras que hemos visto desde hace ya dos décadas y a agravar aún más la de por sí aguda inseguridad que nos golpea con la presencia y operación de criminales, locales y foráneos, que han convertido a Michoacán en un permanente y sangriento campo de batalla.
En la Cámara de Diputados tuvieron la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia y darle a Michoacán, en la definición de las participaciones federales, un mayor empuje para sortear de forma menos turbulenta la tempestad que recibió al nuevo gobierno, un gobierno que es de todas las empatías de López Obrador. Pero no sucedió. Copiaron y pegaron el proyecto que les enviaron desde Palacio Nacional.
Así que, como hace cinco años, el cobro de placas va, contra ese viento y marea, y a un costo por encima del que se aplica en otros estados del país, como Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima e incluso Nuevo León, una entidad con un dinamismo económico y capacidad adquisitiva mucho más pujante.
La única salvedad es la batería de descuentos que definieron los diputados locales para darle visto bueno al proyecto, de 30 por ciento si se paga en enero, 20 por ciento en febrero y 10 por ciento en marzo, así como el descuento de hasta el 50 por ciento a quienes posean unidades con valor inferior a los 100 mil pesos, según la consulta en el libro azul, ese que hasta usan en el mercado negro para poner a rodar los vehículos usados, que son robados en México.
Cintillo
Una buena y una mala. La buena: Michoacán es el cuarto estado con menos tasa de muertes por COVID-19 en México, por cada millón de habitantes. La mala: seguimos en el top ten de los estados con mayor rezago en la aplicación de vacunas contra este virus.
