| Por Adán García
El espionaje ha sido una tentadora práctica que, al ser documentada y exhibida, ha llegado provocar el fin de carreras políticas y reconfigurado escenarios electorales en todo el mundo.
En Michoacán ya sabemos de eso. Un escándalo de espionaje antecedió la caída del PRI en las elecciones gubernamentales del año 2001, por primera vez en siete décadas. Fue ese episodio una de varias antesalas que abrieron el arribo del PRD al poder en la entidad, con un Cárdenas como candidato: Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El perredista tuvo como rival a Alfredo Anaya, el candidato priísta que debió cargar no solamente con las notorias limitaciones que le acarreó su atropellada postulación, sino el severo desgaste que el ejercicio de tantas décadas en el poder le había cobrado a su partido, el cual llegaba, además, envuelto en el escándalo del espionaje gubernamental.
Estamos hablando de hace dos décadas, cuando la tecnología no era, ni por asomo, lo que existe hoy en el mercado. Los dispositivos de telefonía móvil eran escasos y la gente se comunicaba principalmente mediante la línea domiciliaria.
Miles de esas llamadas eran interceptadas diariamente por un equipo de espionaje que operaba desde la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Los 16 agentes que habían recibido adiestramiento en intercepción de comunicaciones con una empresa de Estados Unidos, eran conocidos como el “Grupo Lince”.
Las conversaciones quedaban registradas en grabadoras de casete, que eran “sembradas” por estos agentes espías en las cajas de registro que Teléfonos de México, ubicadas en la vía pública; las grabadoras eran conectadas a las líneas de los domicilios de los objetivos a espiar, y todos los días revisadas para ser escuchadas y emitir detallados reportes.
Entre esos objetivos estaba el entonces líder del magisterio disidente, Juan Pérez Medina, quien años después se convirtió en diputado federal por el PRD, partido al que renunció para luego enrolarse en Morena. También estaba Julio César Silva Alemán, quien era presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no Gubernamental.
El propio gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien terminó entregando el poder al PRD, fue blanco de esa labor de espionaje que alcanzó a más de 400 funcionarios, políticos, empresarios, periodistas, líderes sociales y miembros del Poder Judicial del Estado, según documentos incluidos en versiones periodísticas y las denuncias penales que fueron presentadas.
Hoy, la sombra del espionaje vuelve a asomarse y amenaza, -si no existe una adecuada estrategia en su manejo mediático, legal y político-, con truncar carreras y reconfigurar el escenario.
Hasta ahora solo se conoce públicamente la existencia de un contrato para el monitoreo y actualización constante de direcciones IP, así como la instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo, aun sin conocerse si, en efecto, se utilizó y quienes eran los objetivos, y existen también dos versiones sobre el origen de dicho contrato.
Una es la del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y actores políticos de su partido, Morena, en el sentido de que dicho contrato forma parte de los hallazgos encontrados al gobierno de Silvano Aureoles (2015-2021), por un monto de 19.5 millones de dólares y que se firmó con una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, sobre quienes pesa una orden de captura por otros hechos que se investigan a nivel federal.
La otra es la de legisladores federales del PRD, quienes afirman que dicho contrato quedó sin efecto y que fue parte de una estrategia de acciones contra la delincuencia, acordada ésta con el brazo ejecutor que tiene la 4T a nivel federal contra el lavado de dinero y otros delitos graves, el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces todavía encabezada por Santiago Nieto.
Hasta ahí vamos en este nuevo episodio de la intercepción y monitoreo de comunicaciones, una práctica que, en el terreno de la investigación de hechos criminales, ha permitido la captura o abatimiento de peligrosos objetivos, e incluso, la localización y rescate de personas secuestradas.
Sin embargo, encauzada por la vía del espionaje con objetivos políticos, el desenlace puede ser demoledor y, con su sisma, provocar un reacomodo en las placas tectónicas de la vida política. El PRI ya lo vivió.
Cintillo
Los maestros de la CNTE en Michoacán tienen la nada despreciable cantidad de 52 bonos. Su costo fue factor también para llevar a la quiebra a las finanzas públicas, pero como nos recita Lafourcade: “nunca es suficiente”.
